En un alegato contundente, la fiscal general adjunta Betina Croppi solicitó remover de sus cargos a Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Denunció que la fiscalía impulsó rumores sobre la vida privada de Nora y persiguió a su hijo por prejuicios sexuales, mientras ignoraba al sospechoso que “tenía frente a sus ojos”.
El jury de enjuiciamiento contra los fiscales que intervinieron en la fallida investigación del crimen de Nora Dalmasso entró este miércoles en su etapa de definiciones. La fiscal general adjunta, Betina Croppi, expuso durante dos horas una serie de irregularidades que calificó como una “cadena de desidia” que garantizó la impunidad del asesinato ocurrido hace 19 años en Río Cuarto.
Los acusados: Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.
El pedido: Destitución inmediata por mala praxis y negligencia grave.
El argumento central: Se enfocaron en juzgar moralmente a la víctima y perseguir a su familia, descartando la pista del verdadero autor material.
Uno de los puntos más críticos del alegato de Croppi fue la denuncia sobre cómo se manejó la imagen pública de Nora Dalmasso. Según la funcionaria, la fiscalía no solo careció de perspectiva de género, sino que fue la usina de los rumores que revictimizaron a la mujer asesinada.
“El rumor de los amantes de Nora nació en el quincho de la casa el mismo día del hallazgo, impulsado desde la propia fiscalía”, afirmó Croppi.
Asimismo, cargó contra Javier Di Santo por haberle “arruinado la juventud” a Facundo Macarrón. Sostuvo que la imputación del hijo de la víctima durante cinco años no se basó en pruebas sólidas, sino en prejuicios sobre su orientación sexual, interrogando a sus amigos sobre temas irrelevantes para la causa y tratando su homosexualidad como una “desviación moral”.
La fiscal Croppi subrayó que los investigadores tuvieron al asesino “ante sus ojos” y decidieron mirar para otro lado. Se refirió al parquetista Roberto Bárzola, quien trabajaba en la casa y sobre quien ya existían indicios genéticos y contradicciones testimoniales en los primeros años de la causa.
Evidencia descartada: Se grabaron 21 casetes de llamadas de Bárzola que nunca fueron escuchados ni transcriptos por Di Santo.
ADN clave: El FBI y peritos locales advirtieron sobre un perfil genético desconocido en el cinto de la bata homicida. El organismo estadounidense pidió expresamente investigar al obrero, pero la fiscalía persistió en la hipótesis contra el viudo y el hijo.
Contradicciones: Bárzola mintió tres veces sobre su ubicación el día del crimen, algo que fue verificado por los registros del country San Esteban pero ignorado por los fiscales.
El alegato también desestimó las actuaciones de los fiscales posteriores. Sobre Daniel Miralles, señaló que forzó una hipótesis “alocada” sobre un viaje secreto del viudo desde Uruguay, ignorando que el ADN hallado en la escena podía explicarse por la convivencia matrimonial.
Respecto a Luis Pizarro, Croppi fue tajante: construyó la figura del “homicidio por encargo” sin identificar al sicario, ni el pago, ni el complot económico, llevando al Poder Judicial cordobés a un “fracaso anunciado” en el juicio oral de 2022.
Finalmente, la fiscal adjunta concluyó que los tres funcionarios no están capacitados para custodiar el interés social. Cabe recordar que, a fines de 2024, nuevas pruebas de ADN confirmaron la presencia de Bárzola en 10 puntos del cinto usado para el crimen y en un vello púbico de la víctima, confirmando que la verdad estuvo siempre en el expediente, aunque los fiscales decidieron no verla.
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