La comunidad académica se movilizará para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

El Consejo Interuniversitario Nacional convocó a una marcha federal para el 12 de mayo, denunciando una caída presupuestaria del 45,6%. Ante el incumplimiento de leyes y fallos judiciales, rectores y gremios exigen fondos para garantizar salarios y el funcionamiento universitario.

Consejo Universitario Nacional

El Consejo Interuniversitario Nacional ha confirmado que el próximo martes 12 de mayo se llevará a cabo una concentración federal con el objetivo de presionar al Poder Ejecutivo para que ejecute los fondos destinados a las casas de altos estudios. En un encuentro con los medios, el titular del organismo, Franco Bartolacci, denunció que la falta de transferencias ha provocado una retracción cercana al 46% en los recursos del sistema, una situación que obliga a las instituciones a funcionar de manera limitada y compromete seriamente la sostenibilidad de los sueldos de profesores y empleados administrativos. Esta nueva medida de fuerza surge tras el fracaso de múltiples gestiones ante el Congreso y el incumplimiento de sentencias judiciales que ordenaban a la administración central respetar la normativa vigente, la cual fue ratificada por el Legislativo incluso después de un veto presidencial.

La dirigencia académica calificó de crítica la realidad salarial y advirtió que la ausencia de actualizaciones en las becas de asistencia estudiantil está expulsando a los jóvenes de las aulas. Ante el agotamiento de las instancias administrativas y legales, Bartolacci apeló a la movilización social como último recurso para validar una ley que considera de legitimidad indiscutible. El reclamo, que cuenta con el apoyo de centrales sindicales de la educación y la federación estudiantil nacional, busca trascender el ámbito universitario para convertirse en un pedido ciudadano en defensa de la formación pública. Rectores de universidades como la UBA y diversas instituciones del conurbano y el interior se sumarán a la marcha, bajo la premisa de que, si las instituciones republicanas no logran torcer la voluntad del Gobierno, será la presencia masiva en las calles la que deba garantizar el derecho a una enseñanza superior de calidad.

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