El predio de Tecnópolis protagoniza un escándalo por presunto direccionamiento en su licitación. Tras el anuncio anticipado de un festival masivo para noviembre, el Congreso impulsa un pedido de informes contra Manuel Adorni y Karina Milei por conflictos de interés.
La gestión del parque Tecnópolis se encuentra en el centro de una tormenta judicial y política. El escándalo estalló tras el anuncio oficial de un festival internacional para el mes de noviembre en el predio, a pesar de que la licitación pública para su concesión aún no ha sido adjudicada formalmente.
28 y 29 de noviembre: Fechas pautadas para el festival Primavera Sound en el predio bajo disputa.
1° de julio: Fecha oficial en la que el Estado debería entregar el parque al nuevo administrador privado.
2 denuncias penales: Recayeron en los juzgados de Ariel Lijo y María Servini por presunto direccionamiento.
La situación sumó gravedad cuando la productora del evento borró la mención a Tecnópolis de sus anuncios tras las primeras consultas periodísticas. Sin embargo, fuentes del sector del entretenimiento aseguran que cerrar un evento de tal magnitud requiere al menos seis meses de antelación, lo que confirmaría acuerdos previos.
El foco de la investigación recae sobre la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE), organismo que depende directamente del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Las sospechas apuntan a un pliego diseñado a medida para el consorcio integrado por DirectTV, Torneos y Competencias y Foggia Group.
Lo llamativo del caso es que Foggia Group fue fundada por Marcelo Dionisio y su esposa Mara Gorini, quien actualmente se desempeña como mano derecha de Karina Milei. Esta conexión estrecha entre oferentes y funcionarios nacionales es la base de las denuncias por tráfico de influencias y falta de transparencia.
Asimismo, se detectó que Foggia es cliente de la consultora de Bettina Angeletti, esposa de Adorni. Este entramado de vínculos familiares y comerciales motivó a legisladores de la oposición a exigir precisiones sobre cómo se seleccionará al ganador de un activo público de 50 hectáreas.
Frente a la cascada de irregularidades, el diputado Hugo Yasky impulsó un pedido de informes en el Congreso de la Nación. El proyecto de resolución cuenta con el respaldo de figuras como Cecilia Moreau y Sergio Palazzo, y busca desentrañar el proceso licitatorio que consideran viciado desde su origen.
El cuestionamiento legislativo no solo apunta a la concesión, sino también al presunto vaciado del predio. Se solicitó información urgente sobre el destino de los equipos del CIAM (Centro de Investigación en Audio y Música), un estudio de grabación de alta tecnología que fue desmantelado semanas atrás.
Para los legisladores, desmantelar este espacio cultural es un golpe directo al patrimonio público. El pedido de informes inquiere específicamente si Adorni se excusó de participar en la evaluación de los oferentes debido a sus vínculos profesionales y familiares con los directivos de las empresas participantes.
Otro punto crítico del reclamo es la situación de los trabajadores del Estado. El pliego de concesión actual permite un uso sumamente amplio del parque, pero no aclara cuál será el destino de los empleados de planta permanente y contratados una vez que el privado tome el control total.
Desde la Secretaría de Cultura negaron que existan fechas cerradas para eventos en el predio, aunque admitieron que las productoras realizan “visitas” para evaluar espacios. No obstante, la preventa de entradas con precios que superan el millón de pesos contradice la versión oficial de las autoridades.
La justicia federal deberá determinar ahora si existió un delito de acción pública en la redacción de los pliegos. Mientras tanto, la comunidad cultural permanece en alerta ante lo que consideran la transformación de un bien común en un negocio exclusivo para allegados al poder de turno.
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