El Senado aprobó este jueves, con 41 votos a favor y 25 en contra, un nuevo régimen para los biocombustibles que elevará los cortes de biodiésel y bioetanol, modificará su comercialización y establecerá una transición para las pymes hasta 2036.
El Senado aprobó este jueves, con 41 votos a favor y 25 en contra, un nuevo régimen para los biocombustibles que elevará los cortes de biodiésel y bioetanol, modificará su comercialización y establecerá una transición para las pymes hasta 2036.
El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto que estableció un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles. La iniciativa obtuvo 41 votos afirmativos y 25 negativos en la votación en general, en una división transversal de los bloques políticos vinculada con los intereses productivos de cada provincia.
El texto declaró de interés público la fabricación, el almacenamiento, la mezcla, la comercialización y el autoconsumo de biocombustibles en todo el territorio nacional. Además, fijó aumentos escalonados en los porcentajes obligatorios de mezcla con combustibles fósiles y planteó una transición hacia un mercado con mayor competencia.
La propuesta estableció que el biodiésel pasara del 7,5% al 10% en el gasoil dentro de los 12 meses posteriores a la sanción de la ley. En el caso del bioetanol, el corte obligatorio subiría del 12% al 15% en las naftas durante el mismo período.
Para el bioetanol, el proyecto reservó un 6% para el producto elaborado con caña de azúcar y otro 6% para el producido a partir de maíz. El 3% restante quedaría sujeto a la competencia entre las materias primas renovables habilitadas.
La principal controversia se concentró en el biodiésel y en el ingreso de empresas integradas —vinculadas con grupos aceiteros— a un mercado abastecido hasta ahora por plantas no integradas, en su mayoría pymes regionales.
El texto previó que, cuando el corte alcanzara el 10%, las empresas no integradas tuvieran inicialmente reservado el 6,5% del mercado. Esa participación bajaría al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 4% desde 2031 hasta 2036. El volumen restante quedaría abierto a la negociación entre firmas integradas y no integradas.
Los senadores de La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires cuestionaron esa modificación. Daniel Bensusán advirtió que las pequeñas plantas enfrentaban mayores costos logísticos por su distancia de los puertos y que no competían en igualdad de condiciones con las grandes compañías.
Según el senador, el mercado interno de biodiésel alcanzaba unas 900.000 toneladas, sostenía alrededor de 1.500 empleos directos y más de 8.000 indirectos, y se vinculaba con más de 400 extrusoras. También sostuvo que el nuevo esquema podía provocar cierres y concentración productiva.
El proyecto creó un mercado electrónico de acceso público para canalizar las operaciones destinadas a cumplir los cortes obligatorios. El sistema funcionaría mediante subastas, con un organismo independiente y referencias vinculadas con los valores internacionales de paridad de importación.
La iniciativa también incorporó regiones geográficas de negociación para considerar las diferencias logísticas entre las plantas, los centros de consumo y los puntos de exportación.
A su vez, estableció que ninguna empresa o grupo económico pudiera concentrar más del 10% del biodiésel comercializado, con un límite máximo de 50.000 toneladas anuales por firma.
La senadora Flavia Royón defendió el proyecto como un cambio hacia un sistema con mayor previsibilidad y competencia. En la misma línea, Patricia Bullrich sostuvo que la transición hasta 2036 permitiría a las pymes adaptarse, ganar volumen y avanzar en procesos de integración.
El texto también incluyó biocombustibles de segunda generación, biogás, biometano, diésel renovable y combustibles sostenibles para la aviación. Sus defensores señalaron que la ampliación del régimen podía favorecer nuevas inversiones, sustituir combustibles fósiles y agregar valor a la producción regional.
La discusión continuará en Diputados, donde el proyecto todavía no tenía un cronograma definido. El debate deberá determinar si la transición propuesta logra proteger a las pymes regionales sin bloquear la competencia que el nuevo régimen busca promover.
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