Rusia moderó las expectativas de un cierre inminente del conflicto en Ucrania, condicionando la paz a decisiones políticas de Kiev. Tras finalizar la tregua del Día de la Victoria, Moscú espera la mediación de Estados Unidos para reactivar las negociaciones estancadas.
La administración rusa ha matizado recientemente las proyecciones sobre una conclusión cercana de los enfrentamientos en territorio ucraniano, distanciándose de una interpretación optimista de los últimos mensajes emitidos por Vladimir Putin. Según portavoces oficiales en Moscú, aunque existe un volumen de gestiones diplomáticas que sugiere un avance hacia la etapa final de la confrontación, todavía no existen elementos tangibles que permitan fijar plazos definitivos. Desde la sede del poder ruso se insiste en que la responsabilidad de clausurar la crisis recae directamente sobre la dirigencia de Ucrania, a la que se le exige adoptar posturas determinantes que se alineen con las condiciones impuestas por el Kremlin, aclarando además que cualquier encuentro de alto nivel entre los mandatarios deberá celebrarse exclusivamente en la capital rusa.
Simultáneamente, se dio por finalizado el cese al fuego temporal establecido por motivos conmemorativos, reanudándose las maniobras bélicas de forma oficial tras el cierre de las festividades nacionales. Esta breve interrupción de los combates, facilitada por la intermediación de la Casa Blanca, fue respetada de manera irregular, con reportes cruzados de ofensivas en diversos puntos estratégicos del frente de batalla. Pese a la reanudación de los ataques, ambas partes permanecen atentas al arribo de delegados estadounidenses especializados en mediación, con la esperanza de reactivar los canales de diálogo que permanecen bloqueados desde comienzos de año, cuando la atención internacional se desvió hacia la escalada de tensiones en el territorio iraní.
Sebastián Pareja, aliado de Karina Milei, asumió la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia, garantizando al oficialismo el control sobre los fondos reservados. Paralelamente, los libertarios tomaron el mando de organismos clave para supervisar decretos presidenciales y seguridad interior.
Unos 80.000 contribuyentes ya pueden utilizar sus ahorros en dólares sin fiscalización de origen gracias al Impuesto a las Ganancias Simplificado. Al omitir el reporte de bienes iniciales, el Gobierno busca fortalecer las reservas incentivando la reinserción lícita de capitales.
La Bancaria ratificó un paro de tres horas para este miércoles en el Banco Hipotecario y el BCRA. Sergio Palazzo denunció despidos y el cierre de tesorerías regionales, exigiendo la preservación de empleos frente a los planes de ajuste estatal.
Sergio Uñac oficializó su candidatura presidencial para 2027, posicionándose como el primer competidor interno de Axel Kicillof. El senador sanjuanino reclama una reorganización del peronismo mediante internas cerradas, defendiendo un modelo de gestión federal que priorice la minería y soluciones pragmáticas.
Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro reclamaron que el nuevo esquema de incentivos fiscales incluya una reducción de retenciones para el agro. Los mandatarios exigieron además inversiones en rutas nacionales y una ley de biocombustibles para potenciar la industria regional.
El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió sobre el deterioro humanitario en Colombia tras duplicarse el desplazamiento forzado en 2025. El informe detalla un aumento en ataques con drones explosivos y constantes violaciones al derecho internacional por parte de grupos armados.
Kicillof respalda ampliar los plazos electorales para facilitar un posible desdoblamiento de los comicios en la Provincia. La reforma, impulsada por la Junta Electoral, busca dar previsibilidad al calendario bonaerense y otorgar autonomía política al gobernador frente a la interna nacional.
República Dominicana acordó con Estados Unidos servir como punto de tránsito temporal para deportados de diversas nacionalidades hacia sus países de origen. El pacto, financiado por Washington, excluye estrictamente a ciudadanos haitianos, menores no acompañados y personas con antecedentes penales.
