Tras la masiva marcha federal, la UBA exigió a la Corte Suprema la aplicación urgente de la Ley de Financiamiento Universitario. Las autoridades denunciaron un recorte presupuestario del 45% y una pérdida salarial crítica que pone en riesgo la educación pública.
Tras el rotundo respaldo ciudadano obtenido en la cuarta movilización federal, la conducción de la UBA formalizó un pedido de pronto despacho ante la Corte Suprema para que convalide la Ley de Financiamiento Universitario. El organismo académico busca que la justicia declare la plena operatividad de la normativa Nº 27.795, cuya aplicación es resistida por el Poder Ejecutivo, con el fin de salvaguardar la excelencia académica, la labor científica y la infraestructura de los centros de salud dependientes del sistema estatal. En su resolución, las autoridades universitarias destacaron que la multitudinaria convocatoria nacional refleja un contrato social inquebrantable en defensa de la gratuidad y el acceso a la educación superior.
El reclamo institucional pone el foco en el ahogo financiero que sufre el sector, denunciando un recorte presupuestario cercano al 45% bajo la actual gestión de Javier Milei. Desde las casas de estudio advierten que el incumplimiento de la norma constitucional no solo paraliza obras de mantenimiento, sino que ha provocado una fuga de docentes y profesionales debido a un atraso salarial crítico. Según estimaciones del Consejo Interuniversitario Nacional, el poder de compra de los trabajadores del área sufrió un desplome del 37% en poco más de dos años, situando a una gran proporción del personal por debajo de la línea de pobreza y comprometiendo el normal funcionamiento de las cátedras.
Ante este escenario de asfixia económica, la UBA instó también a los jueces de primera instancia a resolver el fondo de las causas judiciales vigentes para obligar al Gobierno a transferir los recursos que la ley establece. El documento conjunto, respaldado por gremios y organizaciones estudiantiles, recalca que la educación pública es un pilar fundamental para el progreso productivo del país que no puede quedar supeditado a metas de equilibrio fiscal. Con el apoyo de la masiva participación popular del martes, el sistema universitario espera ahora que el Poder Judicial actúe como árbitro para garantizar la supervivencia de una institución que la sociedad argentina considera prioritaria y estratégica.
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