Nación y Ciudad Autónoma de Buenos Aires acordaron cancelar 800 mil millones de pesos de deuda coparticipable acumulada el último año mediante títulos públicos a siete meses, excluyendo el reclamo por el período 2020-2023.
Nación y Ciudad Autónoma de Buenos Aires acordaron cancelar 800 mil millones de pesos de deuda coparticipable acumulada el último año mediante títulos públicos a siete meses, excluyendo el reclamo por el período 2020-2023.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sellaron este lunes un convenio para regularizar los fondos correspondientes al goteo de la Coparticipación Federal de Impuestos. La deuda se originó a partir de julio del año pasado debido a la ralentización de las transferencias semanales que la administración central debía girar a las arcas fiscales de la jurisdicción porteña.
La ingeniería financiera del acuerdo consistió en la transferencia de una cartera de bonos soberanos con un vencimiento de siete meses. De esta manera, el Palacio de Hacienda cancelará el pasivo corriente generado durante la actual gestión de gobierno, un compromiso que el Poder Ejecutivo local ya había previsto dentro del Presupuesto 2026 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El diferendo por los recursos federales comenzó en 2020, cuando el entonces presidente de la Nación Alberto Fernández redujo mediante el Decreto 735/2020 el coeficiente de la capital del 3,5% al 2,32% para financiar las demandas salariales de la policía de la provincia de Buenos Aires. Posteriormente, la Ley 27.606 fijó el indicador básico en 1,4% más un monto variable destinado a la seguridad porteña.
La disputa derivó en una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, organismo que a finales de 2022 dictó una medida cautelar para restablecer un coeficiente del 2,95%.
En septiembre de 2024, ambas administraciones pautaron un esquema de pago directo desde el Tesoro nacional, el cual reemplazó el giro automático diario del Banco Nación estipulado por el máximo tribunal, y que sufrió demoras consecutivas durante el año pasado.
Paralelamente, la administración de la Capital Federal ratificó que el entendimiento actual no contempla las obligaciones devengadas entre 2020 y 2023. Por este concepto, la gestión comunal mantiene un reclamo administrativo por un monto estimado en 6 mil millones de dólares, cuya resolución continuará por carriles institucionales independientes.
La negociación técnica estuvo coordinada por el secretario de Hacienda de la Nación Carlos Guberman, el jefe de Gabinete porteño Gabriel Sánchez Zinny y el ministro de Economía de la Ciudad Gustavo Arengo. El cierre de las tratativas coincidió con la ejecución de un recorte del gasto público nacional de 2,5 billones de pesos, que afectó partidas destinadas a las provincias, la salud y la educación.
El acuerdo administrativo se produjo en un escenario de reconfiguración política interna dentro de las fuerzas de centroderecha de cara a los próximos turnos electorales.
La regularización de las cuentas locales ocurrió días después de que la Legislatura de la Ciudad aprobara una ampliación de gastos por 2,6 billones de pesos, un proyecto que avanzó gracias a la abstención de los legisladores de La Libertad Avanza conducidos por Pilar Ramírez.
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