Por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales, la Audiencia Nacional citó a declarar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado José Luis Calama ordenó además el registro de su oficina institucional.
Por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales, la Audiencia Nacional citó a declarar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado José Luis Calama ordenó además el registro de su oficina institucional.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama citó a declarar en calidad de investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para el próximo 2 de junio. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción ordenó el levantamiento del secreto de las actuaciones y el registro de la oficina del exjefe del Ejecutivo, al considerarlo el presunto líder de una estructura organizada dedicada al ejercicio ilícito de influencias y al lavado de dinero (o blanqueo de capitales).
La investigación judicial, que comenzó en Madrid y pasó a la Audiencia Nacional en marzo de 2025, busca esclarecer si la red medió de forma ilícita ante las autoridades para asegurar la aprobación de una ayuda pública de 53 millones de euros a la compañía aérea Plus Ultra. Los fondos procedieron del Fondo de Apoyo a la Solvencia que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La resolución judicial describió una organización estable y jerarquizada que utilizaba sociedades instrumentales y documentación simulada para canalizar fondos opacos. Según el instructor, la red contaba con un núcleo operativo donde el empresario Julio Martínez Martínez y Manuel Aaron Fajardo García ejercían como intermediarios directos, mientras que la secretaria María Gertrudis Alcázar Jiménez ejecutaba las instrucciones en las gestiones diarias.
El auto detalló la intervención de nueve empresas utilizadas para el desvío de capitales. Entre ellas destacó Idella Consulenza Strategica, firma que suscribió un contrato con la aerolínea para percibir una comisión del 1% del rescate a Plus Ultra, equivalente a 530.000 euros.
Siete días después de esa firma, se iniciaron los trámites para constituir Landside, una filial en la zona franca de Dubái que, según la hipótesis judicial, buscaba evitar la trazabilidad del dinero en España.
El magistrado identificó flujos financieros dirigidos hacia el entorno del expresidente. La documentación recolectada por la Policía Nacional señaló que la sociedad Análisis Relevante transfirió 490.780 euros a Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a la firma Whathefav, administrada por sus hijas Laura y Alba Rodríguez.
Asimismo, el grupo de presión Gate Center y la entidad Thinking Heads realizaron traspasos económicos hacia el exmandatario y la citada sociedad familiar.
La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción solicitó el registro de la vivienda particular del investigado. Sin embargo, el juez Calama denegó la petición al argumentar que la notoriedad del caso hacía presumible que cualquier elemento de prueba ya hubiera sido retirado. El instructor consideró que la entrada en la oficina institucional constituía una medida suficiente y menos intrusiva.
El expresidente Rodríguez Zapatero difundió un comunicado audiovisual donde confirmó la recepción de la notificación y manifestó su disposición a colaborar con la justicia. El exdirigente aseguró que su actividad se desarrolló siempre dentro de la legalidad y negó rotundamente poseer o haber participado en sociedades mercantiles dentro o fuera del territorio nacional.
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