ARCA: más de doscientos nombramientos de máxima jerarquía que eludirían las pautas tradicionales de carrera

La ARCA dispuso la recategorización discrecional de 246 agentes a los escalafones más altos, omitiendo criterios de mérito y antigüedad. La investigación de La Nación reveló que la medida beneficia a familiares de directivos y funcionarios, desatando fuertes protestas gremiales.

ARCA. Foto: Mariano Fuchila.

El ambiente laboral en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero experimenta jornadas de extrema hostilidad tras la firma de una resolución que otorgó recategorizaciones masivas a los rangos más lucrativos del escalafón. La medida adoptada por la conducción general de la entidad recaudadora, que engloba las estructuras de la DGI y de las terminales aduaneras, generó un profundo malestar debido a que los saltos de categoría omitieron las exigencias técnicas de capacitación profesional, concursos de mérito y los años de servicio que regula el marco convencional. Una pormenorizada investigación difundida por el diario La Nación sacó a la luz que entre los beneficiados con remuneraciones que alcanzan cifras millonarias por la combinación de sueldos básicos y adicionales por productividad se encuentran parientes directos de los actuales directivos del área fiscal, así como funcionarios de estrecho vínculo con la jefatura de la cartera económica nacional.

Los cuestionamientos internos apuntan a la falta de un estándar técnico uniforme, conviviendo en los listados profesionales de larga data con agentes de reciente incorporación política o que actualmente ejercen asesorías externas en dependencias de la Presidencia de la Nación. Entre los casos más debatidos en los pasillos de la aduana sobresalen ascensos que cuadruplican los máximos permitidos para el personal sin credenciales universitarias, alterando la pirámide de mandos y equiparando de forma arbitraria a ingresantes con agentes que acumulan décadas de formación. Desde el Palacio de Hacienda buscaron justificar las promociones basándose en las responsabilidades de enlace institucional y la idoneidad funcional, argumentos que no lograron aplacar la indignación de los representantes sindicales, quienes accedieron a las planillas oficiales tras una filtración informática de las jefaturas de recursos humanos.

La reacción gremial fue unánime en calificar la reestructuración como un reparto de privilegios que atenta contra el esfuerzo diario de la planta permanente, especialmente en un contexto de retracción sostenida en los niveles de recaudación tributaria general. Los pasillos de las sedes centrales del organismo fiscalizaron su descontento mediante panfletos que denuncian el favoritismo político por encima de la idoneidad técnica, mientras los diferentes espacios asociativos emitieron duros pronunciamientos acusando a las autoridades de convertir la estructura estatal en un botín sectorial. Con estas medidas, que garantizan posiciones de estabilidad absoluta frente a futuros recambios institucionales, el ente autárquico enfrenta un severo conflicto de legitimidad ante sus propios cuadros operativos en el inicio del nuevo ciclo fiscal.

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