Migrantes en el centro Delaney Hall de Nueva Jersey cumplen cinco días en huelga por condiciones insalubres. La gobernadora Mikie Sherrill denunció opacidad tras prohibírsele el ingreso al recinto, mientras crecen las protestas y el rechazo a la expansión carcelaria.
La protesta iniciada por un numeroso grupo de personas extranjeras bajo custodia en el complejo asistencial Delaney Hall completó su quinta jornada consecutiva de protestas laborales y rechazo de alimentos, en un escenario de creciente conflictividad que el último fin de semana derivó en choques directos entre la policía de fronteras y los manifestantes solidarios apostados en las inmediaciones. Los internos fundamentan la radicalización de su postura en el progresivo deterioro de las condiciones de higiene del recinto periférico, una situación que motivó el traslado de una comitiva parlamentaria encabezada por la máxima autoridad ejecutiva del Estado, a quien las autoridades federales le impidieron de forma taxativa el ingreso a las dependencias oficiales para realizar una inspección de campo.
La restricción impuesta a los representantes legislativos generó un fuerte rechazo de la dirigencia del partido gobernante local, cuyos voceros interpretaron la medida como un intento de opacidad institucional destinado a ocultar las deficiencias del sistema de confinamiento. En este sentido, la gobernación ratificó su compromiso de avanzar hacia la clausura definitiva de dicho establecimiento, manifestando al mismo tiempo una firme oposición a las iniciativas gubernamentales de escala nacional que contemplan la reconversión de depósitos logísticos en el municipio de Roxbury para albergar a un millar y medio de personas en situación irregular, un proyecto inmobiliario que actualmente se encuentra paralizado debido a las impugnaciones por falta de estudios de impacto ambiental en la región.
El conflicto ha amplificado los reclamos de las agrupaciones de derechos humanos y de las familias de los afectados, quienes describen un panorama de vulnerabilidad extrema dentro de las instalaciones gestionadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. La persistencia de la medida de fuerza coloca nuevamente bajo el foco del debate internacional la política de detenciones masivas y los estándares de habitabilidad aplicados por las agencias federales estadounidenses, mientras los sectores críticos exigen auditorías externas urgentes y mecanismos de rendición de cuentas que garanticen el trato digno de la población civil en tránsito.
Durante una transmisión radial en La Rural, el presidente Javier Milei tildó de “ladrón” al exministro José Ignacio de Mendiguren por la salida de la convertibilidad, motivando al exfuncionario a analizar una demanda judicial.
Trabajadores estatales marcharán al Ministerio de Economía este lunes 3 de agosto en el marco de un paro nacional convocado por ATE, reclamando recomposición salarial y el freno a los despidos en el reinicio escolar.
De regreso en la Argentina, la cantante respaldó la actuación de María Becerra en la final, desestimó la controversia con la artista española y cuestionó los alcances de la cancelación en redes sociales.
Detuvieron en Villa Gesell a Lucía Sosa, acusada por el delito de abandono de persona tras la muerte de su hija de dos años, quien ingresó al hospital con un cuadro de asfixia obstructiva.
Kristalina Georgieva mantuvo reuniones en Casa Rosada con Javier Milei y el Gabinete ampliado, donde descartó nuevo financiamiento del FMI y pidió volcar la estabilidad fiscal hacia la economía real.
El oficialismo ratificó que no realizará modificaciones al capítulo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que remueve topes a la adquisición de campos a extranjeros. Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger encabezan las negociaciones para la votación del 6 de agosto.
A pesar de la recuperación en sectores clave como minería y energía, el empleo privado registrado perdió 235.000 puestos desde fin de 2023. La industria y el comercio destruyen fuentes de trabajo, mientras las ramas en expansión automatizan procesos.
Together Business Consulting fue nombrada como agente de monitoreo para supervisar la cesión de seis millones de clientes tras la fusión con Telefónica.
