La Corte Penal Internacional fijó para el 30 de noviembre el juicio contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte por crímenes de lesa humanidad. De 81 años, será juzgado por ejecuciones extrajudiciales en su campaña antidrogas, pese a los reclamos de su defensa.
El tribunal internacional de justicia con sede en los Países Bajos determinó que las audiencias para juzgar al exjefe de Estado asiático comenzarán formalmente el próximo 30 de noviembre. La resolución, ratificada por la presidencia de la magistratura a cargo de Joanna Korner, convalida el cronograma propuesto por los órganos de acusación, quienes pretenden movilizar un voluminoso cuerpo probatorio que incluye las declaraciones de unas setenta personas damnificadas y especialistas. De esta manera, el dirigente de 81 años se convertirá en la primera máxima autoridad gubernamental de su continente en sentarse en el banquillo de los acusados de este organismo global, estructurado específicamente para sancionar las violaciones más graves al derecho internacional público.
Los cargos que pesan sobre el antiguo líder político se concentran en tres imputaciones por delitos encuadrados dentro de las categorías de crímenes contra la humanidad, vinculados de forma directa a su responsabilidad de mando en decenas de ejecuciones extrajudiciales registradas entre las temporadas de 2013 y 2018. Los investigadores judiciales sostienen que el exmandatario coordinó e incentivó un esquema de violencia institucional sistemática en el marco de su denominada estrategia de persecución y represión al tráfico de estupefacientes en el archipiélago. La acumulación de denuncias por abusos policiales y operativos clandestinos derivó en la apertura de este expediente transnacional, que busca deslindar responsabilidades al más alto nivel jerárquico.
Por su parte, el equipo jurídico de la defensa, conducido recientemente por el letrado británico Peter Haynes, intentó postergar el inicio de las sesiones argumentando la necesidad de realizar exámenes médicos exhaustivos que acrediten la aptitud psicofísica del imputado debido a su avanzada edad. Los defensores consideraron apresurado establecer un calendario fijo sin evaluar previamente las condiciones de salud del procesado, sosteniendo que la viabilidad del debate oral debe estar supeditada a un dictamen clínico riguroso sobre su capacidad de comparecencia. No obstante, la judicatura desestimó la objeción temporal, ratificando la fecha estipulada para dar comienzo a una de las causas judiciales con mayor impacto geopolítico en la región del sudeste asiático.
El consorcio Jan De Nul-Servimagnus se perfila para adjudicarse la Hidrovía por 25 años tras liderar la etapa técnica. Su propuesta descarta financiamiento chino, adopta tecnología estadounidense, reduce los costos de peaje y entrega el control de datos al Estado.
La ministra Sandra Pettovello desarrolla una agenda educativa en Italia, donde prevé saludar al Papa León XIV en una cumbre de ministros. La funcionaria buscará ratificar el interés del Gobierno argentino por concretar la visita papal a Sudamérica a fin de año.
El holding de José Luis Manzano se expande globalmente tras adjudicarse un canal de televisión abierta en España. El grupo diversifica sus inversiones mediante la adquisición de Telefe y firmas de telecomunicaciones andinas, mientras busca posicionarse ante las privatizaciones en Argentina.
Los colegios de la UBA reconfiguran sus protestas por el financiamiento educativo: el Carlos Pellegrini extendió su toma edilicia, mientras el Nacional de Buenos Aires pautó una tregua temporal. La tensión confluye con un paro universitario convocado para este viernes.
El Gobierno solicitó retirar el pliego judicial de María Verónica Michelli tras revelarse en La Nación su parentesco con un periodista de investigación. En contrapartida, habilitó los pliegos de dos magistrados vinculados a la cúpula de la AFA.
Pagni expone que, ante la falta de una oposición competitiva, la Justicia asume ese rol limitando a Milei. El FMI advierte sobre la corrupción y la debilidad institucional del Gobierno, mientras Adorni tambalea judicialmente por enriquecimiento ilícito.
Tras activarse la Alerta Sofía en Córdoba por la desaparición de Agostina Vega, fue detenido Claudio Barrelier, allegado a la madre. Imputado por privación ilegítima de la libertad, el sospechoso incurrió en contradicciones tras verse con la menor el sábado.
Un fallo judicial en Córdoba determinó que una joven falleció por trombocitopenia trombótica inducida por la vacuna Sputnik V. Este raro síndrome hematológico reduce las plaquetas y genera coágulos graves, requiriendo un diagnóstico temprano ante síntomas como cefaleas e hinchazón.
