Un ataque del Comando Sur de Estados Unidos en el Pacífico dejó tres tripulantes muertos tras bombardear una presunta narcolancha. El operativo, enmarcado en la lucha antidrogas, eleva a más de doscientos los fallecidos y genera críticas por posibles ejecuciones extrajudiciales.
Una nueva intervención de combate llevada a cabo por las divisiones navales dependientes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos terminó con la destrucción de un navío menor que navegaba por los corredores de tránsito del océano Pacífico. De acuerdo con los informes suministrados por los mandos operativos del Comando Sur, las ráfagas dirigidas contra la embarcación provocaron el deceso inmediato de tres ocupantes, elevando a cifras centenarias las bajas registradas desde la implementación de las directivas de seguridad fronteriza dictadas por la Casa Rosada de Washington a finales del tercer trimestre del año anterior. Los registros visuales captados por las unidades de vigilancia aérea documentaron el instante en que el objetivo fue interceptado y neutralizado en plena navegación de superficie.
La jefatura militar a cargo de las misiones estratégicas en la región ratificó que las bajas correspondían a elementos vinculados a las organizaciones delictivas transnacionales y confirmó la ausencia de afectaciones o heridos entre el personal uniformado que ejecutó las maniobras de intercepción. El despliegue de fuerza responde al programa táctico denominado “Lanza del Sur”, un esquema de intervención directa justificado bajo la premisa de encontrarse en un estado de confrontación activa contra las corporaciones de narcotráfico que operan en las plataformas marítimas del continente americano. No obstante, las agencias oficiales del gobierno central no han divulgado de manera pública constancias probatorias concluyentes que verifiquen los cargamentos ilícitos de las naves bombardeadas.
Los procedimientos implementados han suscitado intensas controversias en los ámbitos del derecho internacional y entre los observadores de las agrupaciones de garantías civiles, quienes advierten sobre la posible comisión de ejecuciones sumarias al aplicarse tácticas letales contra objetivos desarmados en aguas abiertas. Diversos especialistas cuestionan la legitimidad jurídica de propinar ataques aéreos o navales contra embarcaciones civiles que no configuran una agresión bélica inminente hacia el territorio estadounidense. Paralelamente, la actual administración insiste en responsabilizar de manera exclusiva a las redes logísticas del exterior por la crisis de consumo interno, profundizando los operativos de interdicción armada como principal herramienta de contención en las fronteras marítimas.
El Gobierno reorientó la política nuclear para priorizar la exportación de tecnología y la generación de divisas. El nuevo marco doctrinario fomenta la participación del sector privado como socio estatal y cuestiona la continuidad de proyectos sin rentabilidad comercial.
La Línea C del subte amaneció paralizada por un paro gremial que reclama el retiro de formaciones con asbesto. La medida tomó por sorpresa a miles de usuarios, generando caos y extensas filas en las paradas de colectivos de Constitución.
La justicia investiga a Gerardo Boschin, expresidente de Trenes Argentinos, por presuntas coimas recibidas mientras era gerente en Arsat. La causa detectó contratos millonarios sin licitación, mensajes sobre entrega de efectivo y la sospechosa adquisición de vehículos de alta gama.
José García Hamilton renunció como secretario Legal y Administrativo de Economía por razones personales tras coordinar un traspaso ordenado. En su lugar asumió hoy Juan Ignacio Stampalija, abogado experto en litigios internacionales proveniente de la Procuración del Tesoro.
Todas las universidades argentinas retrocedieron en el ranking global CWUR debido a la caída en su producción científica. El informe vincula este declive con el fuerte desfinanciamiento presupuestario y advierte sobre el riesgo de una inminente fuga de cerebros.
Sectores del peronismo evalúan respaldar la propuesta oficialista de quitar la obligatoriedad a las primarias, transformándolas en optativas. Esta alternativa les permitiría dirimir sus internas y evitar fracturas, aunque genera reparos por el riesgo de interferencia de votantes opositores.
La obra social de Camioneros recortó los descuentos en medicamentos por una multimillonaria deuda con farmacias y droguerías. El colapso financiero de la entidad dirigida por Hugo Moyano obliga a los afiliados a pagar el total de los remedios.
Los rastrillajes continúan en Córdoba para recuperar los restos desmembrados de una adolescente de catorce años asesinada. El único sospechoso fue internado bajo estricta vigilancia en el hospital penal de Bouwer tras manifestar conductas de riesgo y tendencias suicidas.
