Las empresas y proveedores de software de liquidación de sueldos dispondrán de un plazo de hasta 120 días para adecuar sus sistemas a las exigencias del nuevo modelo. El cambio alcanzará a todas las organizaciones de la actividad privada, sin importar su tamaño o sector productivo.
Paralelamente, el Decreto 407/2026 reguló la actividad de las plataformas digitales de transporte y reparto de comida. La Secretaría de Transporte funcionará como autoridad de aplicación del régimen, mientras que la Secretaría de Trabajo fiscalizará los convenios colectivos del sector.
Asimismo, la norma modificó el funcionamiento de las Empresas de Servicios Eventuales (ESE) mediante un registro electrónico y estableció que los certificados médicos laborales deberán emitirse mediante plataformas digitales habilitadas.
La obligatoriedad de un gráfico y la desagregación de las contribuciones patronales abren un escenario de adaptación técnica en los departamentos de recursos humanos del país.
El impacto real de esta visualización en la percepción salarial de los trabajadores y en la relación con los sindicatos se observará de forma paulatina a medida que finalice el periodo de transición otorgado por el Estado.