Desregulación prepara una profunda reforma legal para bienes raíces

El Gobierno enviará un proyecto de ley para desregular el mercado inmobiliario, eliminando la matrícula obligatoria, los títulos universitarios y las comisiones fijas. La iniciativa busca transformar la actividad en un servicio comercial libre, competitivo y sin privilegios corporativos.

Federico Sturzenegger
Sturzenegger

La cartera gubernamental conducida por Federico Sturzenegger ultima los detalles de una iniciativa legislativa que ingresará al Congreso de la Nación con el objetivo de refundar las reglas de la intermediación en el sector de propiedades. El propósito central de la normativa consiste en devolverle al corretaje su carácter estrictamente mercantil, eliminando las estructuras de control gremial que históricamente administraron el acceso a la actividad. De aprobarse el texto, se desarticulará la exigencia de contar con un diploma de estudios superiores o una inscripción obligatoria en corporaciones colegiadas para coordinar operaciones de compra, venta o locación de inmuebles. De este modo, los padrones de operadores pasarán a ser de adhesión optativa y las funciones de auditoría y sanción disciplinaria que hoy detentan los colegios de martilleros quedarán extinguidas, trasladando cualquier litigio contractual de forma directa a los tribunales ordinarios.

La reestructuración impulsada por el oficialismo deroga de igual forma los límites de competencia territorial, lo que facultará a cualquier agente a intermediar en transacciones a lo largo de todo el territorio nacional sin necesidad de revalidar credenciales locales. En consonancia con la visión de libre mercado, el proyecto suprime las tablas de aranceles fijos y las comisiones mínimas obligatorias, habilitando a los contratantes a pactar los honorarios de manera directa y discrecional. Desde el sector de las plataformas tecnológicas orientadas al desarrollo inmobiliario celebraron el cambio de paradigma, argumentando que las barreras burocráticas vigentes solo encarecían los costos de los servicios y desalentaban la modernización del rubro. Bajo la nueva óptica estatal, la idoneidad de los gestores será evaluada por el propio mercado de consumo mediante la reputación y la calidad de las prestaciones, y no a través de un marco de privilegios corporativos establecidos por ley.

El ministro defendió la urgencia de desarmar estos mecanismos de intermediación durante un reciente foro sectorial que reunió a constructores y desarrolladores urbanos, donde calificó de distorsión económica la fijación de valores mínimos por parte de entidades sectoriales. Desde la perspectiva oficial, este tipo de regulaciones encarece el producto final y transfiere de manera artificial los recursos de los ciudadanos hacia nichos corporativos cerrados. Como antecedente directo del éxito de las políticas de liberalización, los funcionarios de la administración libertaria destacaron la total supresión de las normativas de locación habitacional dispuesta al inicio del mandato mediante decreto, asegurando que la libre contratación entre las partes provocó una triplicación en la disponibilidad de inmuebles y una reducción real de los precios de los alquileres en el ámbito metropolitano. Con esta nueva avanzada parlamentaria, el Gobierno apunta a consolidar un entorno competitivo que abarate los procesos constructivos y simplifique el acceso a la vivienda mediante la quita de trabas burocráticas.

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