El presidente Javier Milei impulsó un proyecto de ley en el Senado para aumentar los cortes obligatorios de biocombustibles. La iniciativa cuenta con el respaldo de las petroleras y las provincias azucareras, pero genera fuerte rechazo en las pymes biodiésel.
La gestión presidencial de Javier Milei impulsó la apertura del tratamiento legislativo en la Cámara Alta para reconfigurar el marco normativo de los combustibles de origen biológico, una estrategia gubernamental enfocada en mitigar las oscilaciones de precios en las estaciones de servicio frente a las tensiones de abastecimiento en Oriente Próximo. La propuesta, formalizada en el recinto por impulso de la senadora Patricia Bullrich tras obtener la validación directa del jefe de Estado, estipula un incremento en los porcentajes obligatorios de amalgama, elevando la presencia de alcohol de caña y maíz en las naftas hasta alcanzar el quince por ciento, y fijando en un diez por ciento el componente ecológico para el gasoil. Esta readecuación de las cuotas de mercado generó un alineamiento inmediato de las administraciones provinciales del norte del país, entusiasmadas por el impacto positivo en las economías regionales azucareras, aunque despertó alertas severas en los cordones industriales del centro del territorio nacional, donde operan las plantas procesadoras de menor escala.
A diferencia de los históricos debates parlamentarios donde el sector de los hidrocarburos tradicionales se oponía firmemente a la expansión de los biocombustibles, las principales corporaciones petroleras y refinadoras manifestaron su conformidad con los términos del nuevo texto legal. La flexibilización de los conceptos técnicos plasmados en los fundamentos del proyecto concede a las grandes corporaciones energéticas la facultad de incursionar de manera autónoma en el desarrollo e industrialización de derivados renovables, abriendo canales de inversión vinculados a la transición productiva. No obstante, las firmas agrupadas en las cámaras de pequeñas y medianas empresas regionales expresaron su profunda preocupación frente al esquema de libre competencia e introducción de grandes jugadores que promueve la ley, denunciando que las nuevas reglas fiscales vulneran el esquema de protección vigente y propician un escenario de concentración comercial en favor de los holdings agroexportadores multinacionales.
El debate en las comisiones de Presupuesto y Energía —conducidas por legisladores oficialistas y aliados de provincias mineras y patagónicas— promete fracturar las posiciones de los bloques opositores debido a las asimetrías geográficas de los distritos que representan. Mientras que los representantes de las cuencas cañeras visualizan una oportunidad histórica de reactivación fabril, los legisladores de Buenos Aires y Santa Fe centran sus reclamos en la vulnerabilidad de las veinticinco factorías locales de biodiésel que dependen de los cupos regulados para subsistir. El proyecto incorpora además innovaciones tecnológicas destinadas al consumo masivo, tales como la habilitación normativa para la comercialización de vehículos con sistemas de motorización adaptables a altas concentraciones de etanol y la creación de bocas de expendio alternativas en los surtidores para que los usuarios finales opten de forma voluntaria por combustibles de base netamente vegetal.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET, bloqueando sus operaciones financieras por acusaciones de control social y uso militar del crudo. Cuba rechazó la medida, calificándola de cerco económico basado en mentiras impulsadas por intereses electorales de Washington.
Colectivos antimundialistas, estudiantes y docentes se enfrentaron con la policía fuera del Estadio Azteca durante el partido inaugural del Mundial. Los disturbios, motivados por reclamos sociales y de seguridad, dejaron múltiples lesionados y tres detenidos en la capital mexicana.
