El ejecutivo promueve una reforma para incrementar los cortes de carburantes ecológicos

El presidente Javier Milei impulsó un proyecto de ley en el Senado para aumentar los cortes obligatorios de biocombustibles. La iniciativa cuenta con el respaldo de las petroleras y las provincias azucareras, pero genera fuerte rechazo en las pymes biodiésel.

Javier Milei. Foto: NA.

La gestión presidencial de Javier Milei impulsó la apertura del tratamiento legislativo en la Cámara Alta para reconfigurar el marco normativo de los combustibles de origen biológico, una estrategia gubernamental enfocada en mitigar las oscilaciones de precios en las estaciones de servicio frente a las tensiones de abastecimiento en Oriente Próximo. La propuesta, formalizada en el recinto por impulso de la senadora Patricia Bullrich tras obtener la validación directa del jefe de Estado, estipula un incremento en los porcentajes obligatorios de amalgama, elevando la presencia de alcohol de caña y maíz en las naftas hasta alcanzar el quince por ciento, y fijando en un diez por ciento el componente ecológico para el gasoil. Esta readecuación de las cuotas de mercado generó un alineamiento inmediato de las administraciones provinciales del norte del país, entusiasmadas por el impacto positivo en las economías regionales azucareras, aunque despertó alertas severas en los cordones industriales del centro del territorio nacional, donde operan las plantas procesadoras de menor escala.

A diferencia de los históricos debates parlamentarios donde el sector de los hidrocarburos tradicionales se oponía firmemente a la expansión de los biocombustibles, las principales corporaciones petroleras y refinadoras manifestaron su conformidad con los términos del nuevo texto legal. La flexibilización de los conceptos técnicos plasmados en los fundamentos del proyecto concede a las grandes corporaciones energéticas la facultad de incursionar de manera autónoma en el desarrollo e industrialización de derivados renovables, abriendo canales de inversión vinculados a la transición productiva. No obstante, las firmas agrupadas en las cámaras de pequeñas y medianas empresas regionales expresaron su profunda preocupación frente al esquema de libre competencia e introducción de grandes jugadores que promueve la ley, denunciando que las nuevas reglas fiscales vulneran el esquema de protección vigente y propician un escenario de concentración comercial en favor de los holdings agroexportadores multinacionales.

El debate en las comisiones de Presupuesto y Energía —conducidas por legisladores oficialistas y aliados de provincias mineras y patagónicas— promete fracturar las posiciones de los bloques opositores debido a las asimetrías geográficas de los distritos que representan. Mientras que los representantes de las cuencas cañeras visualizan una oportunidad histórica de reactivación fabril, los legisladores de Buenos Aires y Santa Fe centran sus reclamos en la vulnerabilidad de las veinticinco factorías locales de biodiésel que dependen de los cupos regulados para subsistir. El proyecto incorpora además innovaciones tecnológicas destinadas al consumo masivo, tales como la habilitación normativa para la comercialización de vehículos con sistemas de motorización adaptables a altas concentraciones de etanol y la creación de bocas de expendio alternativas en los surtidores para que los usuarios finales opten de forma voluntaria por combustibles de base netamente vegetal.

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