El Gobierno oficializó la disolución y liquidación del IOSFA mediante decreto, traspasando funciones a la nueva OSFA. La medida busca ordenar las cuentas tras comprometer fondos del Tesoro para saldar una deuda de 210.000 millones de pesos con prestadores de salud.
El plan de poda administrativa que empuja el Poder Ejecutivo acaba de tachar otro casillero relevante dentro de la estructura estatal. A través de una resolución publicada a primera hora en los registros del Estado, la administración central decretó el cierre formal y la liquidación patrimonial del IOSFA, poniendo punto final a un ente que arrastraba un descalabro financiero histórico y abriendo paso a un nuevo esquema prestacional que intentará ordenar las cuentas de salud para el personal castrense y sus grupos familiares. La determinación, rubricada por el mandatario nacional junto a la cúpula de sus ministros, encomienda a la cartera de Defensa la designación de un interventor que llevará las riendas de este proceso de vaciamiento ordenado y traspaso de recursos hacia la flamante denominación organizativa.
La movida institucional no tomó por sorpresa a quienes caminan los pasillos de los cuarteles y dependencias operativas, pero sí aceleró la incertidumbre en torno a la planta de trabajadores. De acuerdo con las disposiciones vigentes, las autoridades de la naciente OSFA definirán qué empleados resultan indispensables para mantener operativas las prestaciones mínimas, absorbiendo únicamente a la plantilla que encaje con el organigrama simplificado que diseñaron los técnicos del ministerio. Quienes no queden seleccionados bajo ese filtro quedarán en una zona gris de evaluación técnica, debiendo someterse a reasignaciones de tareas, regímenes de disponibilidad transitoria o, en última instancia, bajas definitivas según los estatutos que rigen en la administración pública.
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El trasfondo de esta reestructuración profunda no es otro que una sangría de deudas que tenía al sistema sanitario de las fuerzas prácticamente al borde del colapso. El Tesoro nacional tuvo que comprometer una partida colosal de doscientos diez mil millones de pesos para tapar el rojo acumulado con casi dos millares de entidades de salud, sanatorios privados, colegios de médicos y droguerías de primera línea que venían cortando los servicios de atención ambulatoria, cirugías programadas y despacho de remedios por falta de pago sostenida. En los hechos, conseguir un turno o acceder a una prótesis elemental se había vuelto una verdadera odisea para miles de afiliados a lo largo y ancho del mapa nacional.
El mapa de los reclamos financieros incluye a una treintena de firmas proveedoras gigantescas que concentran el grueso de los pagarés vencidos, pero la bronca también se extiende a pequeños laboratorios de barrio y farmacias independientes que ya no soportaban financiar las demoras en los cobros. La tensión había trepado tanto en las últimas semanas que provocó la dimisión intempestiva del coronel retirado que venía comandando la transición administrativa, dejando al descubierto que la crisis operativa del sistema superaba con creces los cálculos iniciales de los funcionarios civiles de la cartera de Defensa.
Otro de los capítulos más picantes del texto oficial apunta de lleno al personal de seguridad que cumplía funciones auxiliares en las oficinas de atención al público o tareas de maestranza dentro de la obra social. Los uniformados de Prefectura Naval y Gendarmería Nacional deberán hacer las valijas y regresar a sus bases, cesando de forma inmediata cualquier comisión de servicios o pase administrativo en el organismo disuelto. Con esta disposición, el Ejecutivo busca no solo cortar con la dispersión burocrática de efectivos formados para patrullar calles y ríos, sino también concentrar la dotación de la nueva entidad exclusivamente en personal civil especializado en la gestión sanitaria.
En cuanto al destino de los agentes civiles que gozan de estabilidad contractual en planta permanente pero no sean reclamados por la nueva estructura, el Ministerio de Defensa absorberá las obligaciones laborales remanentes, manteniéndolos en condición de disponibilidad temporaria hasta que se resuelva su reubicación en otras áreas del aparato estatal o su desvinculación definitiva conforme a las leyes de empleo público. La transformación sanitaria de las Fuerzas Armadas entra así en su tramo más delicado: la Casa Rosada busca demostrar que puede sanear un agujero fiscal crónico sin dejar desamparados a los uniformados que dependen a diario de una receta o una internación de urgencia.
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