Sindicatos portugueses iniciaron una huelga general contra la reforma laboral del Gobierno conservador, que flexibiliza despidos y horarios. La protesta paralizó el transporte, canceló vuelos y afectó a escuelas y hospitales, culminando con una marcha hacia el Parlamento.
Las terminales de traslado, los establecimientos médicos y las instituciones educativas de Portugal experimentan serias dificultades operativas debido al inicio de una medida de fuerza masiva coordinada por las principales centrales obreras. La protesta, programada para coincidir con el tratamiento legislativo del nuevo marco de contrataciones que promueve la administración conservadora del primer ministro Luís Montenegro, comenzó a registrar adhesiones tempranas antes de la llegada de la jornada central. Los colectivos de trabajadores rechazan el paquete de enmiendas estatales bajo el argumento de que flexibiliza las jornadas horarias, incrementa la temporalidad de los puestos, simplifica las causales de desvinculación y reduce las licencias destinadas al cuidado familiar, constituyendo el segundo cese de actividades general en un período menor a siete meses.
Las principales complicaciones logísticas se concentran en el área de movilidad metropolitana y de larga distancia, donde la red de subterráneos de la capital lusa suspendió por completo sus recorridos hasta el día posterior debido a la falta de guardias excepcionales. En el sector ferroviario nacional, las autoridades operadoras cancelaron numerosas formaciones y readecuaron los cronogramas para garantizar únicamente las prestaciones esenciales exigidas por la normativa. Asimismo, el espacio aéreo refleja las consecuencias del paro de actividades con cancelaciones de despegues en los aeródromos principales, forzando a la aerolínea de bandera controlada por el Estado a reprogramar su grilla de vuelos para ajustarse a los requerimientos mínimos de conectividad dictaminados para la huelga.
La convocatoria —impulsada de forma unilateral por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses ante la abstención de otras organizaciones tradicionales del sector— contempla la realización de una gran movilización civil durante la franja vespertina que unirá los puntos neurálgicos de Lisboa con el palacio que alberga a la asamblea de legisladores. Mientras los piquetes de información gremial y las asambleas fabriles ralentizan la actividad en las plantas industriales de trabajo continuo, la jefatura de Gobierno relativizó el alcance de las medidas de protesta, asegurando que el grueso de la población civil cumplirá con sus obligaciones ordinarias y reclamando a las agrupaciones sindicales que se garantice la libertad de circulación de quienes decidan no adherirse a los reclamos.
El fiscal Ramiro González imputó a la cúpula actual y anterior del ORSNA por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas del 10% en obras aeroportuarias. La investigación judicial comenzó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
