Como consecuencia de un masivo incendio en un alojamiento ilegal del sur de Nueva Delhi, 21 personas murieron y decenas resultaron heridas este miércoles. El establecimiento operaba más de 20 habitaciones clandestinas y carecía de permisos de seguridad vigentes.
Fuego y negligencia civil se conjugaron en Malviya Nagar, una zona concurrida al sur de Nueva Delhi, donde un incendio masivo en el establecimiento Flourish Stay B&B provocó la muerte de 21 personas y dejó decenas de heridos.
El siniestro, reportado en las primeras horas de la mañana, derivó en escenas de desesperación cuando los huéspedes intentaron escapar de una estructura de cinco plantas que solo contaba con una puerta de entrada y salida.
El Servicio de Bomberos de Delhi (DFS) despachó ocho unidades de emergencia tras recibir la alerta a las 9:00 horas. Testigos en el lugar reportaron que los equipos de rescate tardaron casi una hora en arribar, aunque las autoridades señalaron que la llamada de auxilio ocurrió mucho tiempo después de iniciadas las llamas.
Ante la demora, los residentes de la zona auxiliaron a las víctimas colocando colchones en la calle para amortiguar las caídas de quienes saltaron desde los pisos superiores.
Investigaciones preliminares revelaron que el hotel operaba de forma clandestina bajo el esquema de alojamiento y desayuno. El director del DFS confirmó que el edificio no poseía el Certificado de No Objeción (CNO) contra incendios. De acuerdo con las normativas de seguridad, la estructura actual es inelegible para obtener dicha certificación.
Registros oficiales indican que el comercio tenía autorización del departamento de turismo para habilitar únicamente seis habitaciones. Sin embargo, el establecimiento gestionaba más de 20 habitaciones distribuidas en sus niveles superiores y en el sótano, lugar de donde los rescatistas evacuaron a tres sobrevivientes.
Informes periciales apuntaron que el edificio original constaba solo de planta baja y un piso, pero los propietarios añadieron niveles ilegales hace seis años sin reportar las modificaciones a las agencias regulatorias.
La identificación de los fallecidos generó contradicciones entre las agencias de seguridad. Voceros policiales detallaron que entre los cuerpos rescatados se encuentran ciudadanos locales y extranjeros procedentes de Asia Central y África.
Mientras que los primeros informes hospitalarios reportaron seis extranjeros fallecidos, los despachos posteriores elevaron la cifra de víctimas internacionales, una discrepancia que el Ministerio de Asuntos Exteriores intenta resolver mediante el contacto directo con las embajadas correspondientes.
El propietario del inmueble, Lavkesh Bajaj, y el titular de la licencia turística, Jai Mishra, enfrentan una denuncia formal por homicidio culposo presentada por la policía de Delhi, la cual inició la búsqueda de ambos responsables.
El primer ministro de la India, Narendra Modi, calificó el hecho como trágico y anunció una compensación económica de 2 lakh de rupias para las familias de los fallecidos y 50 000 rupias para los heridos. Por su parte, la ministra principal de Delhi, Rekha Gupta, ordenó una investigación ejecutiva a la magistratura del distrito sur.
El desastre provocó repercusiones políticas inmediatas. El partido opositor Aam Aadmi criticó la gestión del gobierno central, calificando la repetición de estos incidentes como alarmante.
Como respuesta directa, el vicegobernador de Delhi, Taranjit Singh Sandhu, ordenó una campaña de fiscalización masiva de un mes de duración que iniciará el 4 de junio para inspeccionar hoteles, restaurantes y centros comerciales de la capital.
El caso de Malviya Nagar reabre el debate sobre la fiscalización en una de las capitales más densamente pobladas del mundo, donde el desarrollo comercial acelerado suele ignorar los protocolos mínimos de prevención de catástrofes.
Si las inspecciones de hoteles temporales prometidas por el gobierno serán suficientes para frenar la proliferación de alojamientos clandestinos o si se requiere una reforma estructural profunda en los esquemas de construcción urbana, es una interrogante que las autoridades aún no han logrado responder.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET, bloqueando sus operaciones financieras por acusaciones de control social y uso militar del crudo. Cuba rechazó la medida, calificándola de cerco económico basado en mentiras impulsadas por intereses electorales de Washington.
Colectivos antimundialistas, estudiantes y docentes se enfrentaron con la policía fuera del Estadio Azteca durante el partido inaugural del Mundial. Los disturbios, motivados por reclamos sociales y de seguridad, dejaron múltiples lesionados y tres detenidos en la capital mexicana.
