Investigadores de la policía italiana detuvieron a dos ciudadanos paquistaníes en Calabria tras prender fuego a un vehículo con cinco trabajadores agrícolas en su interior. Cuatro de ellos fallecieron atrapados debido a disputas por salarios impagados.
El fiscal de Castrovillari, Alessandro D’Alessio, calificó el suceso de una gravedad sin precedentes tras reconstruir la masacre ocurrida en una estación de servicio de la carretera estatal 106, en el municipio de Amendolara, provincia de Cosenza.
Los agentes de la Jefatura de Policía de Cosenza identificaron a los sospechosos, Safeer Ahmed y Ali Raza, ambos de 31 años, gracias a las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la gasolinera y a los documentos hallados en el domicilio de los jornaleros en Villapiana.
Las imágenes registradas por los sistemas de seguridad mostraron cómo los dos detenidos bloquearon las puertas del automóvil desde el exterior antes de introducir un líquido inflamable y lanzar un encendedor. Los fallecidos fueron identificados como el paquistaní Waseem Khan, de 29 años, y los ciudadanos afganos Amin Fazal Khogjani, de 28 años, Ullah Ismat Qiemi, de 19 años, y Safi Iayjad, de 27 años.
El único superviviente del ataque, el afgano Mohammad Taj Alamyar, de 35 años, logró salvar la vida al romper una de las ventanillas del vehículo, sufriendo quemaduras en ambos brazos.
Alamyar declaró ante las autoridades judiciales y la televisión pública italiana que la agresión se produjo tras reclamar los sueldos que no percibían desde el 20 de abril de la campaña actual de recolección de fresas.
El testigo relató que los capataces ejercían un control estricto que incluía amenazas con armas blancas y de fuego. Asimismo, explicó que diez personas compartían una vivienda en Villapiana por la que pagaban 500 euros mensuales de alquiler, cantidad que los intermediarios les descontaban de sus ingresos diarios, junto con una tasa de cinco euros por persona para el transporte hacia las fincas agrícolas.
Esta masacre reabrió la controversia en torno al caporalato, un sistema de intermediación ilegal extendido en zonas agrícolas como la Sibaritide y la llanura del Metapontino.
Según los datos del informe de 2022 del Observatorio Placido Rizzotto del sindicato Confederación General Italiana del Trabajo, unas 200.000 personas sufren explotación laboral cada año en el sector agrícola italiano, donde perciben un promedio de 20 euros por jornadas laborales que se extienden entre las 10 y las 14 horas.
Organizaciones sindicales y representantes eclesiásticos exigieron reformas estructurales profundas para frenar el tráfico de personas. La secretaria general de la Unión Italiana del Trabajo, Enrica Mammucari, señaló que los decretos vigentes de inmigración desprotegerían a los braceros al convertirlos en irregulares una vez expiran sus contratos temporales, por lo que propuso la creación de un permiso de residencia provisional.
Paralelamente, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el obispo Francesco Savino, reclamó una intervención estatal firme en los centros de reclutamiento y las cadenas de suministro para desmantelar este modelo económico.
Las investigaciones de la Fiscalía continúan centradas en el control de estas redes delictivas, mientras la sociedad civil debate si el fin de la impunidad en los campos del sur requerirá una transformación legal que impida la indefensión de los migrantes.
Pagni contrasta el alivio mundialista con el inminente voto de censura a Adorni. Detalla las maniobras de Lorenzetti para candidatear a Borinsky a la Corte y cómo el caso Leal truncó la prórroga aeroportuaria directa a Eurnekian.
Un áspero cruce verbal se produjo en Comisión entre Juan Grabois y el oficialista Bertie Benegas Lynch durante el debate sobre fondos buitre. La discusión incluyó descalificaciones personales y desafíos a confrontar fuera del ámbito legislativo.
El presidente colombiano Gustavo Petro acusó a Javier Milei de interferir en el balotaje para destruir al progresismo, criticando duramente su política de ajuste. El cruce ocurrió tras el respaldo público del mandatario argentino al candidato derechista Abelardo de la Espriella.
Un tribunal de La Plata frenó la privatización de AySA al aceptar un amparo de la Defensoría del Pueblo bonaerense. La medida cautelar obliga a mantener el servicio e inversiones en 26 municipios, ante el riesgo de flexibilización en controles ambientales.
Martín Menem viajó a Israel para ratificar el apoyo incondicional de Argentina al gobierno de Netanyahu. El gesto expone un desacople diplomático con Donald Trump, quien adoptó una postura pragmática al firmar un histórico acuerdo de entendimiento con Irán.
La justicia federal investiga si el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, utilizó a empleadas públicas para ocultar gastos millonarios en amoblamientos de lujo. La fiscalía detectó facturas sospechosas y audita inconsistencias patrimoniales vinculadas a propiedades y activos digitales.
El actor José Sacristán entregó su legado personal y profesional a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Entre los objetos depositados destacan el sombrero de su abuelo y un ejemplar de El Quijote de su padre fallecido en prisión.
La farmacéutica Novo Nordisk sufrió un ciberataque del grupo FulcrumSec, que sustrajo más de un terabyte de información confidencial y exige veinticinco millones de dólares. La firma danesa rechazó el chantaje y dio intervención a las autoridades policiales.
