En el juicio por el ARA San Juan, los exjefes navales López Mazzeo y Villamide rechazaron las acusaciones fiscales. El primero denunció agravios personales, mientras que el segundo ratificó que la seguridad de la nave era responsabilidad exclusiva del comandante a bordo.
El proceso judicial que busca esclarecer las causas de la tragedia del submarino militar vivió una jornada de alta intensidad en los tribunales federales de la capital santacruceña. Durante la audiencia, el contraalmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo expresó su profundo malestar con los representantes del Ministerio Público Fiscal, denunciando haber recibido agravios personales durante las argumentaciones del caso. El exjefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, señalado por la acusación pública como responsable de haber autorizado el despliegue de la unidad a pesar de presuntos desperfectos técnicos, expuso los registros diarios del operativo de 2017 para demostrar que los mandos superiores disponían de un seguimiento pormenorizado y escrito de las coordenadas del buque, desestimando cualquier imputación de ocultamiento.
Por otra parte, la conducción de la Fuerza de Submarinos al momento del siniestro, ejercida por el excapitán de navío Claudio Villamide, centró su exposición en los protocolos de navegación vigentes dentro de la estructura naval. El oficial, quien fuera apartado de la institución mediante un tribunal castrense, argumentó que las normativas marítimas otorgan la tutela total y exclusiva de la seguridad al comandante que se encuentra a cargo de la embarcación en el teatro de operaciones. Bajo esta premisa, sostuvo que emitir directivas rígidas desde una base terrestre durante una emergencia en el mar resulta desaconsejable y riesgoso, puesto que podría interferir negativamente en las determinaciones de urgencia que debe adoptar el personal a bordo frente a las contingencias climáticas o mecánicas.
La etapa de indagatorias concluyó con posturas diversas entre los restantes imputados de la cúpula militar, quienes optaron por canales escritos o por el silencio para fijar sus respectivas posiciones técnicas ante los magistrados. Mientras los voceros de la fiscalía desmintieron el uso de expresiones injuriosas hacia los procesados, el tribunal se encamina a dar por finalizada la recepción de testimonios y valoraciones de las defensas. La agenda judicial prevé dar voz en las próximas horas a las múltiples querellas que representan a los familiares de los cuarenta y cuatro tripulantes fallecidos, paso previo e indispensable para el inicio de los alegatos finales que determinarán las responsabilidades penales por el hundimiento de la nave.
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