En una sesión caótica, la Cámara alta convalidó la postulación de la magistrada para La Plata por 44 votos a favor. El oficialismo se fracturó en el recinto y Patricia Bullrich se abstuvo tras haber desafiado la orden de la Casa Rosada.
En una sesión caótica, la Cámara alta convalidó la postulación de la magistrada para La Plata por 44 votos a favor. El oficialismo se fracturó en el recinto y Patricia Bullrich se abstuvo tras haber desafiado la orden de la Casa Rosada.
La Cámara alta nacional se convirtió en un escenario de extrema tensión política y fuertes acusaciones cruzadas de traición y deslealtad parlamentaria. El conflicto se desató tras modificarse imprevistamente el orden del día previsto para convalidar los nuevos pliegos judiciales.
La modificación en cifras: La lista original de candidatos acordada en Labor Parlamentaria contemplaba apenas 50 expedientes seleccionados, pero terminó elevándose de forma sorpresiva a un total de 73 postulaciones activas minutos antes del inicio.
La impulsora de esta sorpresiva alteración reglamentaria fue la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien sumó todos los despachos validados. Esta masiva inclusión de nombres marginó transitoriamente a la postulante María Verónica Michelli, vetada de forma directa por el Poder Ejecutivo.
La decisión de postergar el tratamiento de la jueza platense generó una inmediata ola de críticas y reclamos opositores en el recinto legislativo. Los senadores del kirchnerismo y del justicialismo unificado denunciaron la ruptura unilateral de los consensos institucionales alcanzados en la víspera.
El jefe del bloque justicialista, José Mayans, junto a Juliana Di Tullio, exigieron releer el acta para evidenciar la maniobra del oficialismo libertario. El peronismo cargó duramente contra el titular de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, por retener indebidamente la postulación de Michelli.
Frente al desorden imperante en el debate, la vicepresidenta Victoria Villarruel tomó una distancia absoluta de la estrategia parlamentaria aplicada. La titular del cuerpo ratificó públicamente que la presidencia no formó parte de este reparto imprevisto de cargos judiciales de última hora.
Debido a los cuestionamientos generalizados de los bloques aliados y opositores, Bullrich debió solicitar un cuarto intermedio de emergencia. La legisladora defendió su postura argumentando que las actas previas no fijaban un límite numérico estricto para las votaciones de la fecha.
La nómina final dejó fuera a tres magistrados observados por la Casa Rosada debido a presuntos vínculos con la cúpula de la AFA. Los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, junto al postulante Juan Manuel Mejuto, quedaron excluidos temporalmente de los beneficios del acuerdo corporativo.
No obstante, la sorpresiva incorporación de la jueza Yamile Susana Bernan despertó fuertes sospechas dentro del armado peronista. El bloque opositor asocia su inclusión a su pasada intervención en una causa penal que involucró directamente a la actual senadora oficialista.
El listado aprobado avanza firmemente sobre la validación de vacantes para figuras con un fuerte peso de herencia judicial. Entre los aprobados se destacan Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, y Ana María Juan, esposa del magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi.
El entramado de designaciones también incluye a familiares de antiguos camaristas y secretarios ligados a causas de presunto lavado de dinero. El avance de pliegos como el de Pablo Wilk, vinculado a investigaciones sobre financieras asociadas a la Asociación del Fútbol Argentino, encendió alarmas opositoras.
Pese a que el expediente de Michelli cuenta con el aval reglamentaria de nueve firmas, su tratamiento quedó postergado para la próxima semana. El oficialismo confía en que su nominación superará las trabas operativas, mientras el Ministerio de Justicia formaliza el pedido de revocación.
La sesión inició bajo la conducción del presidente provisional Bartolomé Abdala por un cuadro de migraña de la vicepresidenta. La posterior reincorporación de Villarruel añade máxima tensión a un debate que incluye reformas de propiedad privada y acuerdos con acreedores.
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