Tras anunciar un plan de reestructuración en la Quinta de Olivos, el Gobierno transfirió el control de la residencia a la Casa Militar para elevar estándares de seguridad. La medida disolverá la administración civil en 60 días y generó cesantías de personal.
El Gobierno nacional formalizó la decisión de transferir la responsabilidad integral de la Residencia Presidencial de Olivos a la Casa Militar, organismo que depende de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La medida contempla la disolución de la Administración General de la Quinta y la absorción de tareas operativas, administrativas y de custodia por parte de la estructura militar en un plazo máximo de 60 días.
En un comunicado oficial, la Casa Rosada justificó la reestructuración argumentando la necesidad de “elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno”.
Asimismo, el Ejecutivo vinculó la reorganización con “la escalada de la inseguridad a nivel global” y las exigencias logísticas ante futuros compromisos internacionales de la agenda presidencial.
La reorganización de la finca presidencial implica el desplazamiento del personal civil que desempeñaba tareas diarias de mantenimiento, cocina y jardinería. Tras la restricción de acceso a los trabajadores, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Capital), Daniel Catalano, denunció la situación en sus redes sociales y afirmó que “despidieron sin ningún motivo al personal de la Quinta de Olivos“.
El dirigente sindical sostuvo que diez empleados fueron desvinculados de forma intempestiva al presentarse en sus puestos de trabajo y cuestionó duramente la resolución oficial. “Se presentaron a su puesto de laburo como todos los días y no pudieron hacerlo; no se les dio ninguna explicación”, puntualizó Catalano, al tiempo que advirtió que el gremio dará “pelea contra estos despidos en todos los frentes”.
Paralelamente, la medida coincide con investigaciones judiciales en curso sobre licitaciones de mantenimiento de áreas verdes aprobadas durante los meses previos. Desde sectores de la oposición señalaron presuntas irregularidades en dichas contrataciones, mientras que voceros cercanos al Poder Ejecutivo expresaron de manera extraoficial a la prensa que “en este gobierno no queremos jardineros que se vuelvan millonarios”.
La Casa Militar, bajo la jefatura del coronel Sebastián Ignacio Ibáñez, concentrará la totalidad de los servicios internos y el resguardo de la residencia. Con este paso, las funciones que históricamente se dividían entre áreas administrativas civiles y fuerzas de seguridad quedarán unificadas bajo un único mando institucional.
El nuevo esquema otorga al personal militar la administración directa de los bienes y el control sobre los servicios cotidianos del predio. La medida no registraba antecedentes de centralización militar absoluta en la gestión operativa de la quinta presidencial desde la restitución de la democracia en 1983.
El proceso de unificación de funciones administrativas y de custodia continuará durante los próximos dos meses. La resolución final deja abierto el debate sobre la efectividad del ajuste administrativo frente al impacto laboral e institucional de militarizar la operatividad civil del Estado.
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