El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aclaró que la aprobación del Senado no impone una obligación constitucional al Ejecutivo para designar a María Verónica Michelli. El funcionario defendió la facultad presidencial y minimizó las polémicas políticas en torno al caso.
El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, respaldó con firmeza la postura del Poder Ejecutivo frente a la reciente controversia por el pliego de la jueza María Verónica Michelli. El funcionario ratificó de forma pública que el aval de la Cámara Alta representa una habilitación legal, pero de ningún modo constituye una imposición constitucional directa.
DATOS CLAVE DE LA POLÉMICA JUDICIAL:
Decisión ejecutiva: El presidente Javier Milei firmará el decreto cuando considere que es el momento oportuno.
Infraestructura cero: El Tribunal Oral Federal 3 de La Plata no cuenta actualmente con edificio ni mobiliario.
Próximo paquete: El Poder Ejecutivo enviará una tanda de entre 50 y 60 pliegos nuevos al Senado la semana entrante.
Durante una extensa entrevista radial, Mahiques desestimó las versiones sobre presuntos motivos políticos o lazos familiares que habrían frenado la designación de la mencionada magistrada bonaerense. “El Senado habilitó al Presidente, pero de ninguna manera lo obligó”, sentenció el titular de la cartera para disipar los rumores periodísticos.
El tratamiento del pliego de Michelli generó fuertes cruces institucionales debido a que la Casa Rosada intentó retirar su postulación formal días antes del debate legislativo. La jueza fue propuesta originariamente para integrar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, un organismo que hoy presenta serias dificultades operativas básicas.
Para restar dramatismo al conflicto de poderes, el ministro detalló que el tribunal en cuestión todavía no está habilitado por la propia Corte Suprema de Justicia. Según explicó el funcionario, el Consejo de la Magistratura debe iniciar primero un extenso proceso técnico para buscar un edificio adecuado y dotarlo de tecnología.
Asimismo, el integrante del gabinete nacional recordó un antecedente directo al señalar que el expresidente Alberto Fernández retiró en su momento el pliego de su hermano, Ignacio Mahiques. En aquella oportunidad, el postulante ya contaba con el despacho favorable de la comisión bicameral y la medida se aceptó sin mayores cuestionamientos públicos.
El titular de la cartera judicial enfatizó además que la gestión actual heredó ternas completamente preexistentes que fueron confeccionadas y elevadas por la administración anterior. De este modo, remarcó que el proceso de selección y designación cumple rigurosamente con todos los pasos institucionales que dictamina la ley argentina.
Respecto a la masiva aprobación de 74 pliegos en la Cámara Alta, Mahiques consideró que se está saldando una deuda histórica y urgente con el sistema judicial. La falta de magistrados titulares en todo el territorio nacional alcanzó niveles críticos cercanos al 37% de vacancia, provocando una parálisis sin precedentes.
Para ilustrar la complejidad del escenario, el ministro ponderó el rescate de dos jueces para la Cámara Criminal de la Capital Federal cuyos pliegos llevaban ocho años congelados. Según precisó el funcionario, estas designaciones pasaron por las administraciones de dos presidentes distintos antes de conseguir el aval legislativo definitivo.
Con el objetivo de agilizar los procesos penales y civiles, el Gobierno confirmó que la semana próxima enviará entre 50 y 60 pliegos nuevos al Congreso. La meta final fijada por los equipos técnicos de la Casa Rosada busca superar las 200 nominaciones oficiales para estabilizar el funcionamiento de los juzgados federales inferiores.
Por otra parte, el ministro de Justicia descartó que existan urgencias gubernamentales para completar los casilleros vacíos de la Corte Suprema de Justicia. Desde su perspectiva técnica, el máximo tribunal del país funciona eficazmente con sus tres miembros actuales y exhibe excelentes estadísticas operativas de resolución.
Incluso, admitió la anomalía que representa tener un procurador interino por más de ocho años, pero dejó la resolución final supeditada al criterio presidencial. Mahiques insistió en que la prioridad absoluta del Ministerio se enfoca en resolver las vacantes críticas de las cámaras federales del interior del país.
Finalmente, el funcionario negó enfáticamente que las causas judiciales vinculadas a directivos de la AFA se encuentren paralizadas por presiones oficiales. El ministro detalló con precisión que los implicados en dichos expedientes ya registran citaciones formales, procesamientos firmes, inhibiciones de bienes y prohibiciones para salir de Argentina.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET, bloqueando sus operaciones financieras por acusaciones de control social y uso militar del crudo. Cuba rechazó la medida, calificándola de cerco económico basado en mentiras impulsadas por intereses electorales de Washington.
Colectivos antimundialistas, estudiantes y docentes se enfrentaron con la policía fuera del Estadio Azteca durante el partido inaugural del Mundial. Los disturbios, motivados por reclamos sociales y de seguridad, dejaron múltiples lesionados y tres detenidos en la capital mexicana.
El ministro de Defensa británico, John Healey, renunció por desacuerdos presupuestarios con el primer ministro Keir Starmer. Su salida, seguida por otras bajas en la cartera, debilita al gobierno laborista a días de una elección legislativa clave.
Venezuela otorgó una licencia a la empresa británica Shell para explotar y exportar gas en el campo Loran, inactivo por 23 años. La medida, enmarcada en una reforma legal tras cambios políticos, busca frenar pérdidas económicas y daños ambientales.
