Tras un mes de bloqueos y protestas masivas, el presidente Rodrigo Paz quedó habilitado para desplegar fuerzas militares. La norma les otorga “presunción de legalidad”.
Tras un mes de bloqueos y protestas masivas, el presidente Rodrigo Paz quedó habilitado para desplegar fuerzas militares. La norma les otorga “presunción de legalidad”.
El Congreso de Bolivia aprobó este domingo una ley clave que otorga luz verde al presidente de centroderecha, Rodrigo Paz, para emplear a las Fuerzas Armadas en el desbloqueo de las rutas nacionales.
Las carreteras del país se encuentran interrumpidas desde hace más de un mes por manifestantes —entre ellos campesinos, mineros y transportistas— que exigen la renuncia del mandatario en el marco de la peor crisis económica que sufre la nación andina en las últimas cuatro décadas.
La aprobación de la norma se logró tras un tenso debate que se extendió por más de 15 horas ininterrumpidas en la Cámara de Diputados, concluyendo durante la madrugada.
Al cerrar la votación, el presidente del cuerpo legislativo, Roberto Castro, declaró de forma taxativa: “Queda sancionada la presente ley, remítase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales”.
Con este respaldo legislativo, Paz —quien asumió el poder hace apenas seis meses— analiza declarar de manera inminente el estado de excepción. Esta medida le otorgará la facultad de coordinar un mayor despliegue de la fuerza militar y, al mismo tiempo, restringir libertades esenciales como los derechos de reunión y movilización, herramientas centrales de las actuales protestas.
Hasta el momento, la intervención del Ejército había sido sumamente acotada, dejando la primera línea de los operativos de despeje en manos de la policía antimotines. La violencia de los enfrentamientos escaló el pasado sábado en el poblado de San Julián, en la próspera región de Santa Cruz, donde los choques dejaron un saldo de seis uniformados y 14 civiles heridos.
Para garantizar el accionar militar en este clima de hostilidad, la nueva ley introduce un elemento crucial. La norma establece que los uniformados, durante el estado de excepción, “gozarán de presunción de legalidad” y que el propio gobierno deberá asumir su defensa legal.
Este punto busca neutralizar el recelo de los altos mandos a ser sometidos a futuros juicios penales por el uso de la fuerza. El temor de las filas castrenses se fundamenta en un antecedente directo: el procesamiento y encarcelamiento de varios jerarcas militares del gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020), acusados por enfrentamientos que dejaron más de 30 muertos tras la salida del poder de Evo Morales. Con esta legislación, el Ejecutivo boliviano apuesta a recuperar el control de las rutas en un escenario de extrema volatilidad social.
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