El Congreso de Bolivia autorizó al presidente Rodrigo Paz a emplear fuerzas militares para levantar los bloqueos viales que cumplen cinco semanas. Las protestas, motivadas por una severa crisis económica, provocan desabastecimiento y el Gobierno evalúa declarar el estado de excepción.
El Poder Legislativo de Bolivia concedió el aval legal al mandatario Rodrigo Paz para la utilización de efectivos militares en los operativos de despeje de las principales arterias de comunicación terrestre, bloqueadas desde hace más de un mes por colectivos de trabajadores que demandan el cese de su administración. La sanción de la normativa se concretó tras un extenso y complejo debate parlamentario que se prolongó por más de media jornada, quedando la reglamentación en manos de la presidencia para su inmediata entrada en vigor. Esta determinación legislativa coincide con la evaluación gubernamental de decretar el estado de emergencia, una medida excepcional que restringiría los derechos de congregación y facultaría un despliegue operativo más severo de los cuerpos de seguridad uniformados.
Las manifestaciones, impulsadas por cooperativistas mineros, organizaciones agrarias y gremios del transporte, responden al profundo descontento social generado por una de las coyunturas financieras más agudas de las últimas décadas en el país andino. Las interrupciones en el libre tránsito han provocado un severo desabastecimiento de insumos médicos, bienes alimenticios de primera necesidad y carburantes, impactando de forma directa en las dinámicas urbanas de la capital administrativa y los centros poblacionales aledaños, donde las estaciones de servicio exhiben largas hileras de usuarios. Pese a que las autoridades reportan progresos parciales en la restitución paulatina de suministros esenciales, las principales plataformas opositoras mantienen su postura de fuerza inalterable.
En el plano geopolítico y judicial, la administración de Paz cuenta con el respaldo expreso de la diplomacia norteamericana y de diversos gobiernos del continente para contener la escalada de conflictividad interna. Desde los despachos oficiales se atribuye la autoría ideológica y la coordinación de las protestas a la influencia del exjefe de Estado Evo Morales, quien permanece recluido en la región del Chapare eludiendo los requerimientos de la justicia ordinaria por acusaciones vinculadas a delitos de trata de personas. Mientras el Ejecutivo insiste en canales de mediación pacífica para destrabar el conflicto, la aplicación de este nuevo marco normativo militar abre un escenario de alta incertidumbre respecto a la intensidad de los futuros operativos de control territorial.
El interbloque Popular presentó un proyecto de resolución que plantea la moción de censura contra el jefe de Gabinete.
Una mujer se encadenó en el edificio judicial tras notificársele que la audiencia para dictar una nueva sentencia se postergaría hasta agosto.
Fuerzas de seguridad bloquearon manifestaciones estudiantiles en el centro capitalino. Los universitarios rechazaron el alza de combustibles y exigieron suspender el programa de comidas gratuitas por presiones fiscales e intoxicaciones.
Con un juego arrollador en el primer tiempo y un doblete de Balogun, el equipo de Mauricio Pochettino aplastó 4-1 a la Albirroja. La victoria lo deja como líder parcial del Grupo D en el arranque del Mundial.
En el ámbito del espectáculo nacional, allegados al actor y la modelo confirmaron una aproximación sentimental tras cinco meses de distanciamiento, una determinación motivada por complicaciones de salud en el entorno de sus tres hijos.
El argentino quiere dejar atrás su floja actuación en Mónaco y así volver a sumar puntos.
El agente Rodolfo Manfredi murió y el cabo Emilio Gómez Villafañe resultó gravemente herido tras un enfrentamiento armado en el barrio Villa Banana. Las autoridades investigan el contexto del hecho y demoraron a dos civiles.
Tras una década de bloqueos políticos, la Unión Europea puso en marcha este viernes el Pacto de Migración y Asilo. Las nuevas normas unifican el control fronterizo y agilizan las expulsiones en los 27 Estados miembros.
