La ONG “Será Justicia” y magistrados federales respaldaron el pedido de Leopoldo Bruglia ante la CIDH para frenar el concurso que busca reemplazarlo. Denuncian una persecución política selectiva que viola la estabilidad y la independencia del Poder Judicial.
Una organización de profesionales del derecho formalizó un enérgico aval a la medida cautelar interpuesta por el magistrado Leopoldo Bruglia ante los organismos de la OEA con el propósito de paralizar los procesos de selección destinados a reemplazarlo en el tribunal de apelaciones porteño. La entidad de la abogocía organizada advirtió sobre la inusual celeridad asignada a la convocatoria del Consejo de la Magistratura, calificando el procedimiento como un velado mecanismo de represalia política instrumentado bajo la apariencia formal de acatar las disposiciones del máximo tribunal del país. Los firmantes del pronunciamiento enfatizaron que el desplazamiento pretendido carece de fundamentos en el desempeño del funcionario o en causales de enjuiciamiento criminal, configurando un ensañamiento burocrático que colisiona con las cláusulas americanas de estabilidad funcional e inamovilidad de las autoridades judiciales.
El núcleo de la impugnación institucional señala el carácter arbitrario de la convocatoria, la cual omite de manera premeditada la regularización de decenas de magistraturas en idéntica condición administrativa para concentrarse exclusivamente en el tribunal que intervino en causas de alta sensibilidad para el oficialismo. De acuerdo con los voceros de la asociación civil, esta disparidad de criterios lesiona las bases republicanas de la imparcialidad del Poder Judicial, transformando las designaciones en herramientas de presión que socavan el derecho ciudadano a contar con magistrados ajenos a los intereses del poder de turno. Ante este escenario, reclamaron formalmente a los consejeros y a las carteras del Poder Ejecutivo que adecuen sus resoluciones a las normativas globales de derechos humanos y suspendan el llamado a concurso de manera inmediata.
La controversia sumó además el testimonio y el respaldo explícito de otros integrantes de los tribunales de alzada sometidos a revisiones similares de traslados, quienes elevaron cartas e informes técnicos ante las oficinas administrativas del Poder Judicial de la Nación. En estos documentos concurrentes se fundamenta de forma técnica que los criterios de la Corte Suprema respecto de las adscripciones provisorias deben regir exclusivamente de cara a eventos futuros, bloqueando toda pretensión de aplicación retrospectiva que altere la conformación de los cuerpos encargados de juzgar los expedientes de corrupción pública más trascendentes de la última década.
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