Agencia internacional subió la nota soberana de CCC+ a B- debido al sostenimiento del superávit fiscal y la acumulación de reservas, lo que amplía el margen de financiamiento del Estado para los próximos dos años.
Agencia internacional subió la nota soberana de CCC+ a B- debido al sostenimiento del superávit fiscal y la acumulación de reservas, lo que amplía el margen de financiamiento del Estado para los próximos dos años.
La calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings elevó la nota de la deuda soberana argentina en moneda extranjera a largo plazo, la cual pasó de la categoría CCC+ a B- con perspectiva estable. La decisión de la firma internacional se conoció este miércoles, cinco semanas después de que la agencia Fitch Ratings aplicara una medida similar sobre los títulos locales.
El informe de la entidad financiera fundamentó la mejora en el avance del programa de austeridad fiscal y en el incremento de las reservas internacionales por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Según los analistas de la agencia, la combinación de superávits fiscales continuos y la reducción de los desequilibrios macroeconómicos fortalecieron la liquidez del sector público.
A través de las redes sociales, el ministro de Economía Luis Caputo celebró la publicación del documento. El funcionario destacó la variación de las calificaciones crediticias a corto y largo plazo, tanto en moneda local como extranjera, que posicionan al país seis escalones por debajo del grado de inversión y lo extraen de las categorías asociadas a un riesgo inminente de incumplimiento de pago (default).
S&P detalló que la administración nacional obtuvo recursos mediante colocaciones de bonos denominados en dólares en el mercado interno, garantías de organismos multilaterales y convenios de recompra con bancos globales.
Estas operaciones permitieron mitigar los riesgos de una reestructuración forzosa y facilitaron herramientas para afrontar los vencimientos de la deuda comercial externa programados para el período 2026-2027.
La previsión de la calificadora estimó una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 2,7% para 2026 y de un 3% para los años subsiguientes. Respecto a la evolución de los precios, el reporte proyectó que la inflación promedio descenderá al 32% durante este año, en comparación con el 42% registrado en 2025, con la expectativa de alcanzar un dígito hacia finales de la presente década.
Paralelamente, el análisis remarcó el desempeño dispar de los sectores económicos. Mientras la minería, la agricultura y el sector energético mostraron incrementos significativos, la industria y la construcción manifestaron signos de estancamiento. En el rubro energético, el desarrollo de recursos no convencionales en Vaca Muerta proyectó un superávit comercial estimado en USD 10.000 millones para 2026.
A pesar de los indicadores positivos, la agencia advirtió que subsisten vulnerabilidades estructurales y que podrían registrarse tensiones macroeconómicas en los próximos 12 a 18 meses.
Los factores de riesgo identificados incluyeron el bajo nivel de reservas netas frente a los pasivos de corto plazo, la volatilidad cambiaria y la volatilidad política asociada a los procesos electorales previstos para 2027.
En el ámbito financiero local, el estratega de StoneX, Ramiro Blázquez, explicó que la medida corrigió un desalineamiento de la nota del país respecto a otros emisores con fundamentos económicos comparables.
Por su parte, el director de inversiones de Grit Capital Group, Walter Stoeppelwerth, señaló que la recalificación en la categoría B- por parte de dos agencias principales habilita automáticamente a determinados fondos institucionales europeos a adquirir activos argentinos, lo que podría incrementar la base de compradores entre un 10% y un 15%.
Por otra parte, la calificadora Moody’s Local elevó la nota crediticia de la Ciudad de Buenos Aires desde AA+ hasta AAA dentro de la escala nacional. La determinación de la entidad respondió al fortalecimiento financiero de la jurisdicción tras la colocación internacional de deuda por USD 500 millones realizada en mayo, destinada a la extensión de plazos de sus compromisos vigentes.
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