La presidenta de una comisión de la Cámara de Representantes intentó suspender temporalmente al presidente colombiano Gustavo Petro por presunta interferencia electoral. Sin embargo, el Gobierno y legisladores rechazaron la medida por carecer de validez jurídica y competencia constitucional.
La conducción de un órgano instructivo en la Cámara de Representantes intentó dictar el cese transitorio en las funciones del ejecutivo nacional, Gustavo Petro, extendiéndose la medida restrictiva hasta la tercera semana del mes en curso. La disposición se fundó en el marco de las indagaciones por la presunta injerencia indebida del gobernante en el actual proceso electoral para determinar a su sucesor. La impulsora de la resolución, perteneciente al mismo espacio político oficialista, argumentó que la continuidad del jefe de Estado en su posición administrativa representaba un factor de riesgo para el normal desarrollo de las averiguaciones, justificando la drástica determinación en la gravedad de las anomalías denunciadas y el alto rango de la autoridad implicada.
La resolución provocó una inmediata reacción de la cartera de Interior y de diversos referentes parlamentarios, quienes descalificaron de forma unánime la validez legal del dictamen. Las autoridades políticas recordaron que, conforme a las directrices de la Carta Magna, las dependencias de la Cámara Baja carecen de atribuciones punitivas de este calibre, limitándose sus obligaciones a la recopilación de pruebas para una eventual elevación de cargos ante la Cámara Alta, único estamento habilitado para dictaminar suspensiones. Aliados del presidente en el parlamento desmintieron las versiones circulantes en las plataformas informativas, ratificando la plena vigencia de las facultades presidenciales y asegurando que la propuesta ni siquiera forma parte de la agenda de deliberaciones del cuerpo legislativo.
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