El letargo del sistema judicial
Posteriormente, el Juzgado de Garantías Nº 5, a cargo del magistrado Julián Busteros, clausuró la etapa de investigación y elevó la causa a juicio oral. El debate quedó radicado en el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de la jurisdicción local, con una fecha de inicio programada recién para abril de 2027.
Esta brecha temporal de cinco años entre la elevación de la causa y la fecha del juicio generó profundas crisis de angustia en la joven, quien recibía asistencia psicológica especializada. El sábado pasado, en una vivienda de la calle Campichuelo, la adolescente terminó con su vida mientras su progenitora cumplía con su jornada laboral.
Paralelamente, el arresto de Ojeda se desencadenó tras la difusión de registros audiovisuales de seguridad y reclamos vecinales en las adyacencias de su propiedad. En las imágenes aportadas a la investigación judicial se observó al sospechoso con pertenencias de viaje, conducta que la fiscalía tipificó de forma inmediata como un peligro real de fuga del proceso penal en curso.
Un debate estructural pendiente
Los allegados y residentes de la localidad sostuvieron movilizaciones públicas en los alrededores del domicilio del imputado para exigir celeridad en las resoluciones de los tribunales de familia y de garantías.
Durante las concentraciones, los portavoces de la familia manifestaron la urgencia de humanizar y agilizar los tiempos de respuesta del aparato estatal frente a denuncias que involucran a menores de edad.
El desenlace de este caso reabre la discusión sobre la eficacia de las medidas de protección y el impacto del retraso en las agendas de los tribunales ordinarios. Las demoras procesales prolongadas plantean el interrogante de si el sistema legal actual cuenta con las herramientas necesarias para resguardar la integridad de las víctimas directas durante la espera de una sentencia firme.