Ante la severa crisis energética y financiera, el mandatario Miguel Díaz-Canel anunció un paquete de reformas que otorgará autonomía comercial a municipios y empresas estatales cubanas para dinamizar la producción local sin intermediarios.
Ante la severa crisis energética y financiera, el mandatario Miguel Díaz-Canel anunció un paquete de reformas que otorgará autonomía comercial a municipios y empresas estatales cubanas para dinamizar la producción local sin intermediarios.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció la implementación del Programa Económico y Social para el 2026. El paquete de directrices gubernamentales otorgará autonomía comercial a los gobiernos municipales y a las empresas públicas, con el objetivo de dinamizar la producción local en un escenario de desabastecimiento crónico y restricciones financieras internacionales.
Durante una comparecencia ante la prensa oficial de la isla, el mandatario cubano explicó que las disposiciones buscan flexibilizar la planificación centralizada.
Las medidas permitirán a los municipios gestionar de forma directa sus ingresos en divisas, autorizar proyectos de inversión con cubanos residentes en el exterior y ejecutar operaciones de comercio exterior sin la intermediación obligatoria del Estado. Asimismo, las empresas estatales operarán de forma independiente en sus sistemas salariales y participarán en el mercado cambiario nacional.
Paralelamente, la administración de la isla inició una reestructuración del aparato público que reducirá el número de ministerios de 27 a 20. De acuerdo con el jefe de Estado, el ahorro del presupuesto derivado de la reducción de cargos burocráticos se destinará al financiamiento de programas sociales y a una reforma salarial en el sector presupuestario.
El plan prevé además la eliminación gradual de los subsidios a los productos de la cartilla de racionamiento, los cuales serán transferidos directamente a la población en situación de vulnerabilidad.
El giro en la gestión económica responde al agravamiento de las sanciones del Gobierno de Estados Unidos. La Casa Blanca, a través de estrategias encabezadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, restringió el acceso de la isla a la banca internacional, provocó la salida de los operadores Visa y Mastercard, y mantiene un bloqueo energético sobre el flujo de crudo.
El gobernante cubano admitió que la falta de liquidez afectó el suministro de combustible, registrando el ingreso de un solo barco petrolero en los últimos cinco meses.
Ante el estrangulamiento de los suministros tradicionales, el programa estatal promoverá la transición hacia fuentes renovables de energía. La estrategia contempla incentivos arancelarios para la importación y el ensamblaje de vehículos eléctricos que utilicen sistemas de carga solar, además de liberar las restricciones para la adquisición particular de estos automóviles.
La efectividad del paquete regulatorio generó divisiones entre las fuentes oficiales y los especialistas en materia económica. El economista cubano Pedro Monreal calificó el anuncio en sus redes sociales como un pragmatismo tardío sin conexiones claras entre las medidas. El analista sostuvo que la falta de un marco de inserción internacional funcional limitará la eficacia de las reformas locales propuestas por el Ejecutivo.
Por otra parte, sectores de la oposición técnica señalaron que gran parte de los anuncios corresponden a normativas preexistentes. La reducción de los ministerios y la Ley de Tierras Agropecuarias y Forestales ya habían sido publicadas con anterioridad, manteniendo esta última la propiedad estatal sobre el 80% de los terrenos de la isla y aplicando sanciones a los productores que dejen campos ociosos.
En el sector turístico, las reformas plantean la búsqueda de nuevos actores de inversión inmobiliaria ante la retirada de las cadenas hoteleras internacionales, aunque el Gobierno no precisó los plazos normativos ni los alcances de la participación accionaria.
El mandatario cubano descartó la calificación de Estado fallido promovida por Washington y exhortó a la población a mantener la confianza en la gestión interna, tras asegurar que los cambios estructurales se ejecutarán bajo un estricto control político para contener las presiones externas.
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