El Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó un año su misión en Afganistán, superando las reticencias de Estados Unidos. La delegación continuará canalizando la asistencia humanitaria y monitoreando las graves restricciones que el régimen talibán impone contra las mujeres.
El máximo órgano ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas respaldó de forma unánime la permanencia de su comitiva de asistencia y estabilización en suelo afgano, garantizando sus operaciones operativas hasta mediados del mes de junio del año próximo. La resolución colectiva se materializó tras sortear las reticencias previas de la delegación de Washington, la cual había condicionado los plazos de vigencia durante los primeros meses del año para exigir una auditoría de fondo sobre el rendimiento de las operaciones en la región. El dictamen favorable, promovido formalmente por la representación diplomática de Pekín ante el organismo multilateral, consolida el soporte internacional a la estructura civil que vigila las condiciones de vulnerabilidad extrema en una nación fuertemente afectada por el aislamiento económico y los conflictos internos.
La labor que despliega esta comitiva internacional adquiere relevancia frente al severo retroceso de las garantías individuales y las libertades civiles que sufren las ciudadanas de ese país desde la instauración del actual régimen teocrático en el poder de Kabul hace un lustro. Las agencias humanitarias monitorean de forma continua las drásticas prohibiciones que apartaron por completo a la población femenina del ámbito laboral, de los espacios recreativos y del acceso al sistema educativo secundario y universitario, despertando el repudio unánime de la comunidad global. A través de este nuevo marco institucional de protección, el organismo global buscará dar continuidad a las funciones de mediación política y fiscalización de derechos básicos que mantiene operativas en la zona desde hace más de dos décadas, sirviendo como el principal canalizador de los recursos de auxilio internacionales destinados a mitigar el desabastecimiento generalizado.
Javier Milei iniciará una extensa gira internacional por España, Paraguay, Estados Unidos y Francia para eludir la tensión política local. El Presidente buscará inversiones tecnológicas y energéticas, asistirá a la cumbre del Mercosur y participará de festejos oficiales en Norteamérica.
El gobierno porteño licitó la instalación de baños, cafeterías y Wi-Fi en dieciséis grandes parques mediante inversiones privadas de u$s4,6 millones. El proyecto otorga concesiones por cinco años sin costos estatales, buscando mejorar la seguridad y comodidad urbana.
El PRO ratificó su autonomía y se proyecta como alternativa presidencial para 2027 tras cuestionar la gestión de Manuel Adorni. La conducción macrista busca superar internas pasadas, mientras el oficialismo advierte que una división electoral beneficiaría indirectamente al kirchnerismo.
Lula da Silva participó en la cumbre del G7 en Francia para diversificar mercados frente a los aranceles de Trump. El mandatario brasileño buscó alianzas con Japón y Europa, posicionándose como líder del Sur Global en la defensa de materias primas.
Pagni define a Adorni como el papel de tornasol de una “casta libertaria” que evade y justifica la corrupción. Detalla el “super RIGI” de impunidad en Comodoro Py y cómo el arresto de Leal hizo caer el millonario acuerdo aeroportuaria con Eurnekian.
Domingo Cavallo cuestionó la coherencia del plan económico de Milei debido a la confrontación política. El exministro reclamó eliminar impuestos distorsivos como las retenciones agropecuarias para superar la recesión, y advirtió que frenar la inversión en infraestructura es perjudicial.
El diputado argentino Juan Marino denunció la expulsión forzada de una comitiva humanitaria en La Paz, tras ser retenida por autoridades bolivianas. La delegación planeaba investigar denuncias de represión bajo la gestión de Rodrigo Paz, y recurrirá a organismos internacionales.
El Gobierno nacional eliminó mediante decreto las instancias de impugnación ciudadana previas para nominar jueces de la Corte Suprema, argumentando duplicación con el Senado. La medida quita exigencias de paridad de género y federalismo para agilizar la cobertura de vacantes judiciales.
