ARCA endureció controles y judicializó anomalías tributarias en compañías financieras y aerocomerciales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero denunció penalmente a importantes bancos y aerolíneas por presuntas irregularidades en aportes previsionales y deducciones infladas. Mientras el sector corporativo tilda la medida de exagerada, el fisco intensifica controles ante la caída de ingresos.

Foto: Web ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero inició una ofensiva legal contra destacadas entidades crediticias del ámbito local y firmas del sector aerocomercial, radicando demandas en los tribunales penales económicos por supuestas inconsistencias en el giro de aportes previsionales y la inclusión de deducciones sobredimensionadas en las liquidaciones del gravamen sobre los ingresos. La avanzada gubernamental, motivada por un persistente retroceso en la percepción de recursos fiscales y el avance del empleo no registrado, apunta a retrasos en la transferencia de las cargas sociales retenidas al personal. No obstante, las cámaras del sector afectado calificaron las medidas como desproporcionadas y puramente demostrativas, argumentando que las correcciones en las declaraciones juradas responden a dinámicas habituales de reajustes salariales retroactivos y no a una voluntad de evasión.

Las inspecciones de la autoridad recaudatoria se extendieron de forma simultánea a rubros con alta densidad de mano de obra, exponiendo márgenes significativos de informalidad laboral en cadenas gastronómicas, plantas procesadoras de carne y bocas de expendio de artículos para el hogar. Mientras las corporaciones privadas atribuyen el incremento de expedientes judiciales a cambios recientes en los estamentos técnicos del organismo estatal, desde las dependencias oficiales justifican el rigor de los operativos basándose en las facilidades normativas e impositivas otorgadas previamente al sector empresarial. La fiscalización coincide con un escenario macroeconómico complejo, caracterizado por una merma real en los ingresos de la seguridad social y un incremento de la precariedad laboral, que según los últimos indicadores estadísticos nacionales ya afecta a más de cuatro de cada diez trabajadores activos en el territorio.

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