Espert, imputado por blanqueo ligado a una red criminal

La fiscalía de San Isidro pidió indagar al exdiputado José Luis Espert por lavado de dinero. Se lo acusa de blanquear 200.000 dólares de una red criminal mediante contratos mineros falsos, compra de autos de lujo y fideicomisos inmobiliarios.

José Luis Espert. Foto: NA.

Un dictamen judicial emitido en los tribunales de San Isidro pone bajo la lupa penal las finanzas del reconocido economista y exparlamentario de tendencia liberal, solicitando su inmediata declaración indagatoria. El requerimiento de la fiscalía señala que el exfuncionario habría introducido al circuito legal una suma de doscientos mil dólares mediante maniobras financieras complejas que abarcan transacciones en el exterior, la compra de vehículos de alta gama y la participación en un millonario desarrollo inmobiliario en la costa atlántica. Las pesquisas determinaron que el andamiaje utilizado para dar apariencia lícita a esos recursos, supuestamente originados en una corporación dedicada al tráfico y fraudes con aeronaves liderada por un ciudadano extraditado a Norteamérica, se basó en la confección de documentación comercial totalmente ficticia.

Los peritajes de las comunicaciones y el material digital incautado a los asesores fiscales del sospechoso desmoronaron la coartada de un presunto asesoramiento en la explotación minera de la región centroamericana. De acuerdo con las verificaciones en los registros migratorios y comerciales, las firmas del convenio se estamparon de manera irregular mientras las partes compartían estadía en Buenos Aires, empleando datos de una firma inactiva y un temario técnico que los analistas judiciales redujeron a información elemental obtenida de internet. El rastreo de los depósitos bancarios permitió identificar un esquema de tres etapas que comenzó con la recepción del dinero en cuentas no declaradas ante los organismos de control tributario locales, continuó con transferencias internas cruzadas y concluyó con la capitalización de bienes suntuarios.

La situación procesal se agrava a partir del hallazgo de múltiples registros de voz donde los contadores y el propio investigado debatían estrategias de ocultamiento patrimonial ante la inminente captura internacional del aportante de los fondos. En los audios recuperados por los investigadores se coordinaban los “arreglos” contables necesarios para que las declaraciones juradas del entonces candidato no se vieran alteradas, contemplando explícitamente la opción de omitir cualquier tipo de presentación sobre la cuenta norteamericana. La solicitud judicial alcanza además al administrador de las cuentas y a una sociedad anónima familiar que presuntamente operó como canal de amortiguación para el reingreso de los activos bajo sospecha.

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