El oficialismo busca aprobar en Diputados el Súper RIGI para inversiones tecnológicas y validar el pago de 171 millones de dólares a holdouts antes del límite de junio. Con el apoyo de bloques aliados, garantizan votos y el quórum.
El oficialismo busca aprobar en Diputados el Súper RIGI para inversiones tecnológicas y validar el pago de 171 millones de dólares a holdouts antes del límite de junio. Con el apoyo de bloques aliados, garantizan votos y el quórum.
Tras desactivar las iniciativas de la oposición orientadas a someter a control legislativo al jefe de Gabinete, la representación de La Libertad Avanza intentará consolidar su propia hoja de ruta en el recinto de la Cámara Baja. La convocatoria busca dar tratamiento definitivo a una legislación especial de fomento para inversiones de gran envergadura orientadas a tecnologías de punta y matrices energéticas renovables, complementada con la convalidación del desembolso de ciento setenta y un millones de dólares destinado a resolver las últimas demandas de los acreedores del cese de pagos de principios de siglo. El entendimiento con los bloques dialoguistas, alcanzado mediante la derivación de reclamos opositores a comisiones de estudio, garantiza un piso de voluntades que disiparía el riesgo de falta de quórum para la gestión de Martín Menem.
El andamiaje del proyecto de estímulos industriales contempla un horizonte de previsibilidad fiscal por tres décadas, reduciendo sustancialmente los gravámenes a los dividendos e introduciendo exenciones arancelarias plenas tanto para la adquisición de equipamiento exterior como para los flujos de exportación. A fin de destrabar el despacho de las comisiones, las autoridades modificaron el articulado original introduciendo cuotas mínimas obligatorias del veinte por ciento para la contratación de abastecedores nacionales y auditorías socioambientales rigurosas sobre las zonas de radicación. Paralelamente, la premura de la Casa Rosada se enfoca en cumplir con la fecha límite de finales de junio impuesta por los tribunales estadounidenses, logrando así levantar las medidas cautelares de incautación que amenazaban a las compañías estatales argentinas a cambio de una reducción en los montos consolidados del litigio crediticio.
Tras estar más de 50 horas varados en Brasil por una falla técnica en el avión, 292 pasajeros de Plus Ultra lograron despegar hacia Madrid. Los afectados denunciaron desatención inicial, aunque luego la aerolínea les brindó alojamiento y comida.
El director de la Aduana, José Velis, solicitó una licencia de dos semanas, generando dudas sobre su continuidad. Su gestión enfrenta cuestionamientos por fallas graves en el sistema de videovigilancia y tensiones con el Ministerio de Seguridad por controles.
Una firma vinculada al consultor Fernando Cerimedo quedó bajo la mira por irregularidades operativas en la Hidrovía del Paraná. La empresa, reconvertida desde una guardería náutica, presta servicios de combustible sin infraestructura ni habilitaciones municipales definitivas.
La Cámara de Diputados debate la nueva Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II, proyectos clave del Gobierno. Para garantizar el quorum, la conducción del cuerpo sumó propuestas provinciales y enfrentará el debut de un nuevo bloque aliado.
La Justicia investiga a la dirigente sindical Soledad Calle por la compra de un departamento debajo del de Cristina Kirchner. La operación genera sospechas por sus millonarios contratos con la UOM y su vertiginoso incremento patrimonial.
Sergio Massa reapareció en un acto político en Rosario para respaldar al diputado Diego Giuliano. El exministro destacó la importancia de la cohesión interna dentro del peronismo de cara a los próximos desafíos electorales frente al espacio oficialista.
El jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, expuso ante la Comisión Bicameral sobre el operativo de seguridad para la visita del Papa León XIV. Además, negó fisuras internas, descartó aprehensiones bajo el nuevo decreto y defendió la central antiterrorista.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, rechazó acatar un fallo judicial que ordena comprar carne roja para los reclusos. Torres tildó la medida de irracional, criticó al garantismo judicial y defendió priorizar los recursos públicos en los ciudadanos.
