Ante la Asamblea General de la OEA, el canciller Manuel Tovar denunció la presencia militar rusa y de agrupaciones extremistas en suelo nicaragüense, tras confirmarse la captura de un ciudadano palestino vinculado a Hamás en Alajuela.
Ante la Asamblea General de la OEA, el canciller Manuel Tovar denunció la presencia militar rusa y de agrupaciones extremistas en suelo nicaragüense, tras confirmarse la captura de un ciudadano palestino vinculado a Hamás en Alajuela.
El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel Tovar, denunció ante la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la persistente presencia de fuerzas militares rusas y de organizaciones como Hamás y Hezbolá en Nicaragua. La declaración coincidió con un operativo policial en suelo costarricense que finalizó con la captura de un ciudadano extranjero vinculado a estructuras extremistas.
Durante el quincuagésimo sexto período ordinario de sesiones celebrado en Panamá, el jefe de la diplomacia costarricense manifestó la preocupación de su gobierno por el deterioro democrático en el país colindante. El jerarca vinculó la alerta regional con la detención de un hombre de nacionalidad palestina, de apellido Abuawad, ocurrida en el sector de Desamparados de Alajuela.
La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la Unidad Especial de Intervención coordinaron el arresto del implicado, quien ingresó como turista y carecía de alertas internacionales.
Autoridades de Migración costarricenses trasladaron al sujeto al Centro de Aprehensión Región Central, en Heredia, para iniciar su proceso de deportación. Costa Rica califica como terroristas a las agrupaciones que registran esa condición ante el gobierno de los Estados Unidos.
Paralelamente, el canciller Tovar expuso en el foro hemisférico la proliferación de delitos vinculados a la minería ilegal en la zona fronteriza con Nicaragua. El jerarca señaló que estas actividades generan consecuencias ambientales, económicas y sanitarias que amenazan la estabilidad de Centroamérica.
Asimismo, la representación de Costa Rica respaldó el borrador de la Declaración sobre Nicaragua aprobado por la Asamblea de la OEA. Tovar lamentó el fallecimiento bajo custodia estatal del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, defensor de derechos humanos que contaba con medidas de protección del sistema interamericano, y exigió el esclarecimiento de los hechos.
Esta postura diplomática evidenció un matiz respecto a las declaraciones previas de la presidenta Laura Fernández, quien en una entrevista televisiva adujo que la población nicaragüense eligió su forma de gobierno y destacó su estabilidad económica frente a los modelos de Cuba o Venezuela.
Por otra parte, la Secretaría General de la OEA emitió un pronunciamiento conjunto sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde demandó la liberación incondicional de los presos políticos. En los pasillos del encuentro, plataformas de la oposición nicaragüense como la Alianza Cívica y UNAMOS presionaron para que el organismo declare ilegítimo al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
No obstante, las resoluciones finales evitaron pronunciarse sobre la legitimidad del régimen de Managua, el cual formalizó su salida de la OEA en 2023 tras acusar a la institución de injerencia extranjera. El contexto actual del organismo continental está marcado por tensiones internas y cambios en la delegación de los Estados Unidos, orientados a priorizar asuntos económicos sobre las agendas de derechos humanos.
La adopción del documento final en la OEA busca emitir una señal de respaldo a las comunidades afectadas en la región, en un escenario donde las decisiones multilaterales enfrentan dificultades para su aplicación práctica dentro del territorio nicaragüense. ¿Lograrán los mecanismos de presión diplomática modificar la política de seguridad y derechos humanos en Centroamérica?
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