Una transportadora de caudales conecta a los principales sospechosos del desvío de fondos en la causa $LIBRA

Orlando Mellino y Favio Rodríguez Blanco, sospechosos de mediar un desvío millonario de dólares digitales en el caso $LIBRA, quedaron vinculados a una firma de caudales. El juez ordenó embargos tras detectar transacciones millonarias.

Hayden Davis y Javier Milei. Foto X

Las investigaciones judiciales en torno a las maniobras financieras previas a la difusión de la divisa digital conocida como $LIBRA arrojaron luz sobre un entramado societario común entre los dos presuntos operadores del capital bajo sospecha. Los peritajes técnicos revelaron que tanto el pensionado radicado en la zona norte bonaerense, Orlando Mellino, como el idóneo en transacciones virtuales de origen colombiano, Favio Rodríguez Blanco, registran vinculaciones con la firma de logística adscrita al traslado de valores Logística Latinoamericana JEG. A pesar de que los domicilios registrados por la firma en áreas céntricas y residenciales de la Capital Federal resultaron ser inconsistentes, las actas societarias exponen que mientras el primero ostenta la casi totalidad del paquete accionario, el segundo mantiene lazos indirectos mediante un socio comercial de su consultora de corretaje, quien se encuentra plenamente facultado para operar el parque automotor de la firma transportadora.

Los cruces de información registral permitieron asociar a los antiguos directivos de esta compañía con estructuras radicadas en paraísos fiscales de ultramar. Un informe detallado elaborado por La Nación dio cuenta de las esquivas respuestas brindadas por los representantes legales y el entorno de los implicados al ser consultados sobre la operatividad real de la firma de caudales. El magistrado interviniente en la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, convalidó la hipótesis del Ministerio Público al dictar un embargo preventivo por treinta y seis millones de pesos sobre los activos de los sospechosos, catalogándolos como eslabones clave en la intermediación de más de cinco millones de dólares virtuales transferidos por el creador extranjero del token, Hayden Davis, fondos que la fiscalía presume que pudieron haber constituido dádivas destinadas a esferas gubernamentales.

El rastreo cronológico efectuado por los entes especializados en delitos económicos evidenció una precisión milimétrica en el flujo de los fondos digitales, configurando un presunto esquema de usufructo de datos confidenciales. De acuerdo con las pericias telefónicas extraídas al entorno de los lobistas imputados, Rodríguez Blanco —reconocido hasta el momento como un docente e instructor legítimo en el ecosistema cripto— habría reconvertido grandes sumas de activos intangibles a papel moneda físico. Las transferencias bajo análisis exponen que el analista de mercados preparó el andamiaje operativo en la red de soporte adquiriendo la moneda base escasos noventa minutos antes de la publicación oficial del Ejecutivo, iniciando una compra masiva en simultáneo con el anuncio público que le reportó ingentes beneficios económicos, posicionándolo como el único titular identificado dentro de las decenas de billeteras virtuales anónimas que intervinieron en la operación relámpago.

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