Glinski apuntó contra el Súper RIGI y denunció el abandono de YPF en Chubut

El debate en la Cámara de Diputados por el paquete de leyes que incluye el Súper RIGI y el pago a los fondos buitre expone las profundas diferencias territoriales y productivas del país. Mientras los bloques oficialistas defienden las iniciativas como el único camino para radicar grandes inversiones, desde la oposición patagónica alertan sobre un proceso de desinversión y pérdida de autonomía. En este contexto, el diputado chubutense José Glinski (Unión por la Patria) dialogó en el recinto y lanzó duras acusaciones contra la gestión nacional y la administración provincial de Ignacio Torres. Según el legislador, el piso de u$s 1.000 millones del nuevo régimen excluye por completo a las PyMEs locales y consolida un escenario de desprotección para las cuencas petroleras tradicionales del sur.

Diputado, el proyecto exige que las provincias adhieran expresamente para recibir beneficios. ¿Cree que esto condiciona la autonomía y los recursos de Chubut frente al poder central?

No tengo ninguna duda, pero además Chubut ha tenido una política de entrega y de subordinación a las estrategias del Gobierno nacional y de las políticas estrictamente de hidrocarburos. Nosotros estamos sufriendo desde que gobierna Milei y el gobernador Ignacio Torres el abandono de parte de la empresa petrolera más importante que tiene el país, que es YPF. Ese abandono consolida una mirada absolutamente entreguista de nuestros recursos naturales y sin aprovechar un contexto de oportunidad muy grande que hay por el precio de los commodities o por la posibilidad de explotar otros recursos como pueden ser recursos mineros. La realidad es que lo único que se nos ocurre es abrir nuestro país ofreciéndole a las empresas beneficios que tienen consecuencias directas sobre las arcas públicas tanto provinciales como nacionales, también municipales, y ni siquiera exigimos como contraprestación la posibilidad de que esas empresas tengan que agregarle valor a los recursos naturales, encadenar productivamente con empresas locales, participar a la comunidad de la decisión. Hay muchas normas a las cuales Argentina adhiere, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, que obligan a la Argentina a que cuando hay proyectos productivos que puedan tener impacto ambiental, es obligado informar a la comunidad y hacerla partícipe de las decisiones. Nada de eso sucede y, por supuesto, el Súper RIGI es por dos cosas: primero, la evidencia que el RIGI no funcionó y que era supuestamente la solución, el marco jurídico que iba a traer las inversiones, eso no sucedió; y en segundo lugar, da la sensación de que ya las decisiones no se toman en nuestro país, sino en estudios jurídicos en otro lugar del planeta.

Hablando del impacto en la comunidad, el piso que pone el Gobierno de 1.000 millones de dólares, ¿no termina clausurando la posibilidad de que PyMEs tecnológicas o proveedores locales de la región participen de lo que es este esquema?

Sin duda. Si no pasó con el RIGI, que tenía un piso de 200 millones de dólares, ¿qué va a pasar con esto? Lo que el Gobierno no dice es de qué proyectos está pensando. Yo creo que no hay que ser un negado, es decir, ¿por qué no podés pensar en herramientas de exención impositiva, así tengan costo fiscal para los gobiernos tanto nacional como provincial, si vos tenés un proyecto concreto? El problema es que el Gobierno no cuenta, no nos está contando para qué necesita este marco jurídico, porque si nos dijera: “Miren, tenemos esto, que en realidad va a traer este tipo de producción nueva que necesita estas garantías para funcionar”, nosotros podríamos entrar en una negociación razonable y decir: “Bueno, si vamos a darle todas estas ventajas a esta gente que va a invertir tanta plata, nosotros queremos que suceda tal o cual cosa”. Evidentemente eso no sucede porque el Gobierno tiene un perfil autoritario, entonces no le interesa debatir en el Congreso, por supuesto, pero tampoco con la sociedad qué tipo de proyectos va a impulsar a través de este marco jurídico.

Desde Unión por la Patria rechazan de plano pagarle los 171 millones de dólares a los fondos buitre. ¿Por qué sostienen que esta votación compromete lo que es la soberanía económica?

Porque la Argentina ya negoció con quienes tomaron y compraron de manera especulativa deuda de la Argentina que había sido defolteada. Además, hubo dos instancias ya de negociación para resolver esta cuestión y con un soporte en organismos internacionales. Es decir, la Argentina consiguió que la ONU establezca un criterio de que si hay una mayoría evidente de acreedores que adhieren a una propuesta soberana de reducción, por ejemplo, de quita de un bono, eso ya da por cerrado el tema. Nosotros no, nosotros nos sometemos a una definición de un juzgado, de un tribunal de Estados Unidos, para favorecer a un grupo de especuladores financieros que hicieron fortunas con bonos que no valían nada. Entonces, evidentemente estamos siendo subordinados por un grupo de hombres y mujeres, me imagino, pero me imagino que son más hombres que mujeres, que especulan con las crisis económicas del mundo, compran deuda barata y esperan que algún juez amigo, ya no en Comodoro Py sino en Nueva York o en otro lugar, les dé la razón para venir y se encontraron con que Milei es sin lugar a dudas un exponente de esa subordinación y pérdida de soberanía de la Argentina y subordinación sobre todo al poder concentrado, particularmente a Estados Unidos.

¿Qué costos o beneficios considera que traerá para Chubut la postura que ha adoptado el gobernador Torres frente al Poder Ejecutivo nacional?

Nosotros atravesamos la crisis del sector petrolero más importante desde que se descubrió el petróleo en Comodoro. No porque en la Argentina haya una crisis del sector, sino porque toda la inversión, todas las miradas están puestas en Vaca Muerta, en una nueva tecnología, en una nueva condición geológica que es distinta a la que le dio energía y le sigue dando todavía al país desde hace 118 años. Entonces ya no importa cuánto petróleo nos quede en Chubut, es más barato sacarlo en otro lado, hay mejores condiciones. En vez de fijar una posición propia y aprovechar la crisis y la voluntad de YPF para fijar las condiciones de lo que viene hacia adelante, es decir, insertarnos en una transición energética justa que permita que continúen los empleos, que permita reparar el daño de los pasivos ambientales, porque lo que permitió Torres es que YPF se vaya de la provincia del Chubut y nos deje los pasivos ambientales a nosotros sin reparar. Es como si uno cocinara diez días seguidos y nunca limpiara la cocina, entonces hay un momento que por más que vos tengas la posibilidad de seguir comprando comida para cocinar, tu ambiente no lo permite, y eso es lo que está pasando ahora en nuestra provincia. Además, el gobernador ha colocado deuda por 650 millones de dólares a una tasa altísima, porque puso las regalías petroleras como garantía y no consiguió una tasa favorable en el mercado, de casi 9,5% en dólares. La provincia del Chubut es, después de Tierra del Fuego, la provincia con peor performance fiscal, es decir, el déficit de la provincia del Chubut es el anteúltimo o, mejor dicho, el segundo en el ranking de la Argentina, después de Tierra del Fuego que es un régimen bastante complejo por mucha cuestiones, pero no tiene la riqueza que tiene Chubut. Nosotros que somos una provincia rica con baja densidad poblacional, estamos más endeudados que nunca y más comprometidos nuestro futuro que nunca. Pero yo soy optimista porque creo que vamos a poder revertir esa situación el año que viene cuando le ganemos a Torres.

¿Tiene ganas de ir al Ejecutivo el año que viene, en la gobernación? ¿De candidato?

Sí, yo creo que por mi trayectoria, por el camino recorrido, estoy para ayudar a recuperar la provincia. Creo que tenemos una oportunidad muy grande, que somos un grupo de hombres y mujeres en el peronismo que estamos convencidos de que le podemos ganar la provincia y ojalá se dé.

El testimonio de José Glinski traslada el debate de las leyes nacionales directamente a la política y la economía de la Patagonia. Al vincular el marco legal del Súper RIGI con la retirada de YPF de los yacimientos tradicionales de Chubut y el endeudamiento provincial, el legislador expone una encrucijada regional frente al avance de Vaca Muerta. Sus declaraciones no solo marcan el rechazo en bloque de su espacio a la agenda del oficialismo y al pago a los holdouts en Nueva York, sino que lanzan formalmente la carrera por la gobernación de Chubut para las elecciones venideras, anticipando que el impacto de estas reformas económicas será el eje central de la discusión electoral en el sur del país.