El oficialismo y bloques aliados lograron la aprobación del régimen que otorga beneficios fiscales por 30 años a inversiones superiores a los 1000 millones de dólares. La iniciativa pasa al Senado en medio de duras críticas de la oposición.
El oficialismo y bloques aliados lograron la aprobación del régimen que otorga beneficios fiscales por 30 años a inversiones superiores a los 1000 millones de dólares. La iniciativa pasa al Senado en medio de duras críticas de la oposición.
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto del Súper RIGI, un esquema normativo impulsado por el Poder Ejecutivo. Tras un extenso debate, la votación concluyó con 130 sufragios afirmativos, 106 rechazos y 7 abstenciones en el recinto de sesiones.
Incentivo masivo: El nuevo régimen otorga beneficios cambiarios, fiscales y aduaneros inéditos por un plazo extendido de 30 años continuos.
Monto mínimo: Está destinado exclusivamente a megaproyectos corporativos globales que superen los 1000 millones de dólares de inversión real.
Sectores del futuro: Apunta a la radicación de industrias de inteligencia artificial, energías renovables avanzadas y automóviles eléctricos.
La sesión contó con la presencia en los palcos de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien supervisó el alineamiento aliado. El texto legislativo será girado de inmediato al Senado para definir su sanción definitiva.
El diputado oficialista Alberto “Bertie” Benegas Lynch defendió la propuesta como miembro informante, argumentando que “el capital dignifica el trabajo”. El legislador libertario remarcó la urgencia de proteger la propiedad privada frente a la inestabilidad regulatoria del país.
El Súper RIGI replica los cimientos del régimen de 2024, pero amplía los incentivos fiscales para las corporaciones tecnológicas. Entre los puntos más destacados, establece una alícuota reducida del 15% en Ganancias frente al sistema tributario general.
Asimismo, el marco contempla la exención de aranceles de importación y la liberación progresiva del 100% de las divisas al tercer año. La norma faculta a las empresas a recurrir a tribunales internacionales como el CIADI ante litigios estatales.
El texto dispone compromisos que obligarán a las provincias y municipios adherentes a mantener Ingresos Brutos por debajo del 0,5%. Este punto exige a los gobernadores locales eliminar de forma directa el impuesto de sellos.
Desde las bancadas opositoras manifestaron un rechazo parlamentario y denunciaron que la normativa representa un traje a medida para magnates globales. El diputado Martín Lousteau criticó la falta de especificidad al advertir que “Este es un régimen inédito, el más generoso de todos”.
Por su parte, el legislador Maximiliano Ferraro alertó sobre los peligros políticos de otorgar ventajas tributarias a firmas tecnológicas. El referente de la Coalición Cívica argumentó que el esquema financiero podría derivar en una clara plutocracia dentro del Estado.
En sintonía con las críticas, las autoridades de Unión por la Patria cuestionaron el elevado costo fiscal de la exención impositiva. La diputada Victoria Tolosa Paz reconoció la necesidad de inversiones, pero aclaró que “No a costa de la industria nacional y el empleo argentino”.
Durante el debate en comisiones, los bloques del PRO y la UCR lograron incorporar cambios vinculados al fomento de la investigación científica local. Se fijó la obligación de contratar un piso mínimo del 20% de proveedores locales en cada desarrollo.
Quienes defendieron la iniciativa aseguraron que la enorme presión impositiva actual actúa como una barrera que asfixia el crecimiento nacional. El legislador Álvaro Martínez enfatizó que oponerse al texto normativo equivalía a “votar para que la Argentina siga siendo un espectador de su propio destino”.
El proyecto inicia ahora un complejo camino político en la Cámara Alta bajo un marco de fuerte polarización entre el oficialismo y el peronismo. Las firmas tecnológicas aguardan la resolución legislativa para confirmar desembolsos de capital de gran escala.
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