Tras un mes de tensiones, paros suspendidos y extensas jornadas de negociación en la Secretaría de Trabajo de la Nación, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) firmaron un entendimiento paritario con los representantes sindicales que disipó la posibilidad de nuevas medidas de fuerza en las terminales del Gran Rosario.
El convenio suscribió un aumento del 29,5% para la totalidad del año en curso. Dicho porcentaje tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), proyectado a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que confecciona el Banco Central de la República Argentina. Previamente, las empresas habían otorgado una corrección cercana al 14% frente a una inflación que rozó el 15%.
El esquema y los montos
Paralelamente, las planillas técnicas establecieron que durante mayo y junio los operarios percibirán dos sumas fijas no remunerativas. A partir del 1° de julio se aplicará un incremento del 16%, también de carácter no remunerativo, que servirá de base para el resto de la estructura de haberes.
Con esta actualización, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) señalaron que el sueldo inicial para la categoría de peón ascenderá a $2.578.400 desde julio, mientras que se elevará a $2.719.040 a partir del 1° de septiembre.
Discrepancias en el trasfondo
Por otra parte, la resolución del conflicto expuso las marcadas diferencias interpretativas entre los actores. Desde la conducción de CIARA-CEC manifestaron que el pacto aseguró la estabilidad laboral por el resto del período y destacaron que la dinámica paritaria se limitó estrictamente a la discusión de los ingresos, tras haber sugerido que los reclamos previos poseían motivaciones políticas ajenas a la actividad productiva.
A diferencia de la postura empresarial, los nucleamientos sindicales argumentaron que la firmeza de sus demandas se respaldó en la defensa del precepto constitucional del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Asimismo, los dirigentes gremiales expresaron su rechazo a las reformas legislativas en materia laboral promovidas por las autoridades nacionales, tras considerar que las iniciativas oficiales buscan restringir la ejecución del derecho de huelga.
La normalización de las actividades generó alivio en los sectores económicos debido a la relevancia del complejo agroexportador en el flujo de divisas. De acuerdo con los registros del sector, las compañías liquidaron US$2677 millones durante mayo, acumulando US$10.343 millones en los primeros cinco meses del año.
Queda por ver si la paridad alcanzada respecto a las proyecciones inflacionarias bastará para mantener la estabilidad sectorial ante eventuales fluctuaciones de la economía general.
