En la Ciudad de Buenos Aires, la Legislatura sancionó la Ley 6.956 para crear un Registro de Perfiles Genéticos digital, dependiente del Ministerio Público Fiscal, que permitirá cruzar muestras biológicas de escenas criminales con personas imputadas y condenadas de forma inmediata.
La normativa aprobada deroga la Ley 4.114 del año 2011, la cual limitaba el almacenamiento de datos de ADN exclusivamente a personas condenadas con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual.
A partir de la nueva legislación, el banco de datos expandirá su alcance a la totalidad de las tipologías delictivas cometidas en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
El nuevo sistema incorporará los perfiles genéticos de personas investigadas, siempre que medie una orden judicial expresa, sin necesidad de aguardar una condena firme.
Según los fundamentos del proyecto impulsado por la legisladora Gimena Villafruela, este cambio busca evitar que las investigaciones criminales comiencen desde cero y permitir el diálogo inmediato entre las evidencias biológicas disponibles.
Frente al resguardo de la privacidad, las autoridades informaron que el registro no almacenará historiales de salud, información médica ni rasgos físicos de los ciudadanos.
El mecanismo procesará únicamente ADN no codificante para fines identificatorios, un procedimiento técnico homólogo al funcionamiento de una huella dactilar digital o un código de barras.
Asimismo, la identidad de los sujetos incorporados permanecerá reservada y solo se revelará en caso de registrarse una coincidencia positiva, denominada técnicamente como impacto o match.
La base de datos estará protegida por la Ley 1.845 de datos sensibles, prevé sanciones penales ante filtraciones y estipula la eliminación inmediata del perfil genético en caso de que el imputado resulte absuelto o sobreseído de forma firme.
Para la implementación técnica de la plataforma digital, el gobierno de la Ciudad adoptará el sistema CODIS, las siglas en inglés del Sistema de Índice Combinado de ADN, desarrollado por el FBI (Federal Bureau of Investigation) de los Estados Unidos. Esta herramienta tecnológica busca optimizar la interoperabilidad de las pruebas periciales y alinear los procesos de la justicia local con estándares forenses internacionales.
El principal antecedente empírico considerado para el diseño de la norma fue la experiencia de la provincia de Mendoza, jurisdicción que opera un registro similar desde hace diez años.
Los datos estadísticos de esa provincia reflejan que siete de cada diez rastros biológicos recuperados en escenas criminales logran identificar a sus autores, de los cuales el 75% poseía antecedentes penales previos por contravenciones o delitos menores.
Paralelamente, la legislación contempla la incorporación obligatoria de los perfiles del personal de seguridad y del sistema de Justicia, incluyendo a policías, peritos y funcionarios públicos. Esta medida busca identificar con celeridad muestras de descarte o contaminaciones accidentales producidas durante la recolección de pruebas en el lugar del hecho.
Finalmente, el registro prevé una aplicación de carácter voluntario destinada a fines humanitarios. De este modo, la base de datos podrá ser utilizada por el Poder Judicial para facilitar la búsqueda y localización de personas desaparecidas o extraviadas, así como para la identificación de restos humanos. El debate sobre el equilibrio entre la eficacia penal y las garantías individuales queda abierto en el fuero judicial porteño.
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