Arrancó el juicio por el crimen de “Lechuga” Pérez Algaba

Con la selección del jurado popular, este lunes comenzó en Lomas de Zamora el juicio contra tres acusados de asesinar al empresario Fernando Pérez Algaba en julio de 2023, un crimen presuntamente motivado por deudas y lotes inmobiliarios.

Tribunal evalúa el homicidio de Pérez Algaba. Foto: Web.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora inició este lunes el juicio por jurados contra Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil. Los tres imputados enfrentan cargos por homicidio triplemente agravado por alevosía, codicia y el concurso premeditado de dos o más personas, además del uso de arma de fuego, delitos que contemplan la prisión perpetua. El proceso, presidido por el juez Juan Manuel Rial, contará con un panel de 12 civiles encargados de emitir un veredicto unánime.

La hipótesis de la fiscal Marcela Dimundo sostiene que el hecho aconteció entre la tarde del 18 de julio y la madrugada del 19 de julio de 2023. El empresario Fernando Pérez Algaba acudió al predio inmobiliario “Renacer”, en General Rodríguez, con el objetivo de percibir una acreencia económica derivada de la comercialización de lotes. Según la instrucción, la víctima recibió dos disparos por la espalda mientras permanecía en una oficina del complejo en construcción.

Posteriormente, los autores implementaron un mecanismo de ocultamiento mediante el desmembramiento del cuerpo, cuyos restos aparecieron días después en el Arroyo del Rey, en la localidad de Ingeniero Budge.

Las pericias tecnológicas sobre las antenas de telefonía celular resultaron determinantes para la imputación, al registrar coincidencias de localización entre los dispositivos de los acusados y el damnificado durante la jornada del crimen. Asimismo, la investigación detectó la utilización de un teléfono móvil oficial facilitado presuntamente por un miembro de la Policía de la Ciudad.

Paralelamente, la defensa técnica de los procesados buscará capitalizar las contradicciones surgidas durante la etapa de instrucción, donde Pilepich y Vargas se incriminaron mutuamente respecto a la autoría material de las detonaciones.

El ordenamiento procesal vigente para los juicios por jurados públicos determina que la culpabilidad requiere el consenso absoluto de la totalidad de los miembros del tribunal civil; de lo contrario, la resolución derivará en la absolución de los implicados.

En ese sentido, el cronograma judicial prevé la comparecencia de numerosos testigos, entre los cuales destacan familiares de la víctima, peritos forenses y profesionales vinculados a las transacciones comerciales previas.

El testimonio de la escribana actuante en las operaciones de Castelar asoma como un elemento crucial para la querella, orientada a documentar la existencia real del conflicto financiero. Por otra parte, cinco imputados secundarios, acusados de encubrimiento y facilitación logística, aguardarán un debate técnico posterior.

El litigio expone las tensiones complejas de los negocios de fideicomisos y transacciones de divisas en la provincia de Buenos Aires. El dictamen del jurado popular establecerá si las pruebas recolectadas poseen la consistencia jurídica suficiente para una condena perpetua, o si las divergencias materiales entre las acusaciones recíprocas de los imputados impedirán alcanzar la unanimidad necesaria para la sentencia.

 

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