Miles de sudafricanos marcharon para exigir la expulsión de inmigrantes indocumentados, registrándose incidentes aislados y exhibición de armas tradicionales. El Gobierno llamó a canalizar los reclamos institucionalmente, mientras cientos de extranjeros buscan ayuda para retornar ante la violencia latente.
Una jornada de protestas de escala federal concentró a multitudes en los principales conglomerados urbanos de la nación austral con el propósito de reclamar medidas drásticas contra la inmigración desregulada. Las movilizaciones, propiciadas por agrupaciones conservadoras, pretendían establecer de forma arbitraria una fecha límite para la permanencia de ciudadanos extranjeros en el territorio. En la urbe costera de Durban, las columnas de manifestantes exhibieron indumentarias autóctonas y armamento ceremonial de la cultura zulú, registrándose en las inmediaciones de Johannesburgo algunos focos aislados de hostilidad que obligaron a los uniformados a intervenir para resguardar la integridad física de las minorías radicadas en las barriadas periféricas.
El encargado provisional de la cartera de Seguridad Pública ponderó positivamente el desempeño de los operativos de contención, catalogando el desarrollo general de las marchas como ordenado a pesar de registrarse reportes de heridos por armas de fuego en sectores específicos. La conducción gubernamental reconoció la existencia de un malestar generalizado en amplias capas de la población, aunque remarcó la necesidad de procesar las reformas en la legislación migratoria a través de los mecanismos legislativos formales de cara a los próximos comicios. Desde la óptica oficial, resulta imperioso forjar un marco de acuerdo democrático que encauce los reclamos populares sin alterar la paz social.
El panorama de agitación civil ha precarizado la realidad socioeconómica de cientos de personas procedentes de estados vecinos, quienes se aglomeraron en las terminales de Ciudad del Cabo buscando asistencia para retornar a sus países de origen debido a despidos masivos y represalias comunitarias. Los episodios de intolerancia hacia las comunidades transnacionales constituyen un fenómeno crónico en los sectores marginales del país, arrastrando un historial trágico que incluye decenas de víctimas fatales en crisis previas. Durante las últimas semanas de agitación, las agencias de investigación criminal constataron el fallecimiento de ciudadanos oriundos de Mozambique, Etiopía y Malaui, consolidando una atmósfera de desprotección para la población inmigrante.
El Gobierno desvinculó el descuento del 55% de la tarifa social de la SUBE de los aumentos automáticos de colectivos y trenes. El beneficio se calculará sobre una tarifa de referencia fija para mejorar la previsibilidad del gasto público.
Domingo Cavallo criticó el RIGI por discriminar a las pequeñas empresas y generar desequilibrios estructurales. El economista insistió en que la clave para atraer inversiones y potenciar las exportaciones es la eliminación inmediata del cepo cambiario y los controles de capital.
La justicia investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por consumos de tarjeta que superaban su sueldo, totalizando 139 millones de pesos. La fiscalía detectó el uso de plásticos de empleados y rectificaciones sospechosas en sus declaraciones patrimoniales.
La mora en préstamos aumentó en mayo, expulsando a casi 7 millones de personas del mercado de crédito formal. Las billeteras virtuales registran un 32,2% de impagos, afectando especialmente a jóvenes, mientras el Banco Central anticipa un ciclo financiero más selectivo.
AUSA cerrará la Avenida Lugones por ocho horas desde las 22:00 para montar vigas del nuevo puente Labruna en Núñez. El tránsito liviano y pesado se desviará hacia Avenida del Libertador para permitir la ampliación del viaducto.
Morales Solá analiza a Santilli como un acróbata político que llega por la escasez libertaria para “pacificar” al país. En un contexto de caída de Milei en las encuestas y dualidad económica, su desafío será conciliar con el PRO y domar la confrontación presidencial.
El Gobierno aumentó las tarifas eléctricas de Edenor y Edesur y los impuestos a los combustibles basados en la inflación. Se mantendrán los subsidios focalizados para consumos de hasta 300 kWh mensuales, aplicando un beneficio extraordinario del 25%.
La CNEA no renovó 61 contratos administrativos, desatando protestas sindicales que requirieron la intervención de Gendarmería. Los gremios denuncian un desmantelamiento con miras a la privatización, mientras el Gobierno defendió la medida como parte del plan de optimización fiscal.
