El grupo civil Topos Chile denunció hostigamiento y sospechas de espionaje por parte de militares venezolanos durante los rescates tras los sismos. El gobierno de José Antonio Kast se distanció del reclamo, aclarando que dicha brigada opera de manera independiente.
El contingente humanitario independiente Topos Chile dio a conocer severas complicaciones logísticas derivadas de la constante fiscalización de los cuerpos castrenses de Venezuela en el epicentro de las tareas de salvamento. El director de la organización especializada, Francisco Lermanda, expuso que los cuarenta y seis especialistas desplegados en el litoral caribeño enfrentan verificaciones de identidad reiteradas y restricciones de acceso bajo conjeturas de actividades de inteligencia extranjera. Las críticas apuntan a una excesiva politización de la emergencia por parte de la administración de Delcy Rodríguez, situación que ralentiza las maniobras contra reloj en una catástrofe que ya contabiliza miles de decesos y decenas de miles de desapariciones forzadas por el colapso de las infraestructuras urbanas.
Ante la repercusión de los altercados en el plano internacional, el Ministerio del Interior de la administración de José Antonio Kast optó por desvincularse de los reclamos formulados por la entidad civil. Las autoridades gubernamentales de Santiago precisaron que la representación oficial de asistencia enviada por el Estado chileno se limita exclusivamente al cuerpo institucional de bomberos USAR, el cual se encuentra coordinando sus tareas de remoción de escombros de forma armónica con las agencias locales. Desde el Ejecutivo nacional se remarcó la improcedencia de emitir valoraciones sobre contingentes autónomos, priorizando el resguardo y la concentración de sus equipos acreditados en las tareas de ayuda humanitaria reguladas por los canales bilaterales.
Los coordinadores de la brigada de rescate describieron episodios críticos donde el celo militar interfirió de manera directa en la preservación de vidas humanas, llegando a confiscar dispositivos de comunicación durante la evaluación médica de damnificados atrapados en estructuras colapsadas. Según los testimonios recopilados, mandos de rango superior de las fuerzas locales justificaron las inspecciones periódicas bajo la premisa de prevenir conspiraciones políticas o intentos de desestabilización institucional aprovechando el caos derivado de los movimientos telúricos. Ante este panorama, la dirigencia de la organización civil instó a las autoridades caraqueñas a deponer las sospechas infundadas para dar absoluta prioridad a la localización de sobrevivientes.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos solicitó al Gobierno de Portugal reconsiderar los recortes a la legislación de identidad de género, alertando que la iniciativa reintroduce la patologización médica sobre la población trans.
Un estudio histopatológico determinó que Ángela Álvarez sufrió una muerte violenta por sofocación. Cuatro hombres quedaron imputados por robo seguido de muerte.
Durante la grabación del programa de Mario Pergolini en eltrece, Eugenia Suárez habría destruido un retrato de Martín Cirio ubicado en su camarín, según reveló Marina Calabró tras detallar viejos enfrentamientos entre ambas figuras.
Antes de su remate el 9 de diciembre en Nueva York, el vestido de seda que Diana de Gales inmortalizó en 1994 será exhibido globalmente por Sotheby’s, con una estimación de hasta 300 mil dólares.
En un reconocimiento inédito para el automovilismo nacional, la Legislatura porteña declaró de Interés Deportivo al TC2000. La iniciativa destaca más de cuatro décadas de trayectoria e innovación tecnológica vinculadas a las calles y autódromos de la Ciudad.
Boca Juniors venció 3-1 a Central Córdoba en La Bombonera con una alineación alternativa, impulsado por dos goles de Ángel Romero y el estreno goleador de Enner Valencia, a días del cruce decisivo por Copa Sudamericana.
La Justicia de San Juan abrió una investigación de oficio tras el hallazgo de un escrito en un sanitario de la Escuela Carlos María de Alvear, en Rawson. La inscripción, borrada poco después por directivas educativas, alertaba sobre un presunto abuso intrafamiliar.
Diputados británicos votaron contra el proyecto de ley para autorizar la muerte asistida en pacientes terminales, frenando un histórico cambio legislativo tras un tenso debate centrado en las garantías médicas y los cuidados paliativos.
