Por presuntas anomalías en un préstamo de 40.000 millones de pesos de 2025, la Cámara Federal ordenó que el juez Sebastián Ramos concentre en Comodoro Py las investigaciones penales contra el exfuncionario Francisco Adorni.
Por presuntas anomalías en un préstamo de 40.000 millones de pesos de 2025, la Cámara Federal ordenó que el juez Sebastián Ramos concentre en Comodoro Py las investigaciones penales contra el exfuncionario Francisco Adorni.
El juez federal Sebastián Ramos asumió la conducción de una investigación unificada que involucra a Francisco Adorni, expresidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), y al exministro de Defensa Luis Petri.
La resolución fue dictada por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones con el objetivo de centralizar los expedientes relacionados con el manejo de fondos de la seguridad social de las fuerzas armadas.
Inicialmente, la diputada nacional Marcela Pagano impulsó una denuncia contra Adorni por supuestas anomalías en el control y renegociación de un crédito de 40.000 millones de pesos. Dicho préstamo fue otorgado por el IAF al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), entidad que posteriormente resultó disuelta tras atravesar una severa crisis financiera.
Paralelamente, el Juzgado Federal N° 9, subrogado por Ramos, ya tramitaba un proceso previo por presuntas contrataciones directas irregulares de medicamentos por 25.000 millones de pesos dentro de la misma obra social. Ante la similitud de los hechos, el juez Daniel Rafecas propuso la acumulación de las causas por conexidad institucional.
Modificar el destino del expediente generó una controversia técnica entre los magistrados. Ramos rechazó la competencia original argumentando que el crédito sospechoso comenzó a gestionarse en enero de 2025, mientras que el ex titular del IAF asumió su cargo recién en junio de ese año. Sostuvo además que la unificación resultaba prematura debido a la ausencia de medidas de prueba previas.
Sin embargo, el camarista Leopoldo Bruglia intervino de forma unipersonal para resolver el conflicto de competencia. El tribunal de alzada determinó que ambos expedientes comparten un mismo contexto fáctico dentro de los organismos descentralizados del Ministerio de Defensa. La resolución oficial estableció la unificación por razones de economía procesal y para prevenir decisiones eventualmente contradictorias, sin perjuicio de revisar la medida si surgen nuevos elementos.
Por otra parte, el escenario judicial del exfuncionario sumó otra complicación en los tribunales federales. Rafecas retiene en su despacho una investigación independiente por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas, donde el fiscal Guillermo Marijuán ya formalizó un pedido de declaración indagatoria.
Lo hizo en el marco de una causa ambiental vinculada con CECIM. La decisión fue firmada por los ministros Rosatti y Lorenzetti, junto con los conjueces Barroetaveña y Pérez Curci. Rosenkrantz firmó en disidencia.
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