Petro veta el uso de recintos militares para la próxima asunción presidencial

Gustavo Petro prohibió que su sucesor, Abelardo De la Espriella, asuma el cargo en una base militar, alegando que la ley exige jurar ante el Congreso. El mandatario defendió la Constitución y recordó que liderará las fuerzas armadas hasta agosto.

Gustavo Petro, Ex Presidente de Colombia. Foto NA

Directiva oficial y la controversia por el emplazamiento del juramento constitucional

La transición del poder ejecutivo en el país andino sumó un foco de alta tensión política tras la determinación adoptada por el actual mandatario, Gustavo Petro. El jefe de Estado prohibió formalmente que las guarniciones de las fuerzas armadas sean utilizadas como escenario para la toma de juramento del mandatario electo, Abelardo De la Espriella. El líder conservador, quien carece de un bloque mayoritario propio en el Capitolio, había solicitado al parlamento entrante que gestionara el traslado de la ceremonia formal a un establecimiento militar, buscando convalidar con este gesto su propuesta de fortalecimiento de la seguridad nacional y la fuerza pública.

Diversos analistas y expertos constitucionales señalaron los complejos desafíos logísticos e institucionales que implicaría movilizar a la totalidad de los legisladores hacia un predio castrense para dar cumplimiento al protocolo legal. Petro argumentó que, bajo los principios fundamentales de la legislación colombiana, el acto de asunción debe desarrollarse estrictamente frente al Congreso de la República en su sede de Bogotá, enfatizando que las instalaciones de la fuerza pública no representan espacios orientados a la deliberación ni a la sanción de ordenamientos normativos, sino dependencias técnicas subordinadas a la protección y defensa de la ciudadanía.

Mando de las fuerzas armadas y denuncias relativas al proceso electoral

El presidente en funciones remarcó que las dependencias castrenses y policiales permanecerán bajo su estricta conducción y subordinación jerárquica hasta el último minuto de su período constitucional en el mes de agosto. En sus intervenciones públicas, recordó que las prerrogativas de comandante supremo de las fuerzas militares le corresponden por derecho constitucional hasta la investidura de su sucesor, detallando que ningún oficial del ejército se encuentra facultado para rendir honores a una figura civil que aún no ha asumido de forma efectiva la máxima magistratura del país.

Paralelamente a esta controversia, el mandatario insistió en que dispone de elementos probatorios sobre presuntas irregularidades en la segunda vuelta electoral e instó a sus simpatizantes a concentrarse en manifestaciones públicas previstas para las próximas semanas. Petro concluyó afirmando que su accionar responde de manera exclusiva a la salvaguarda de la carta magna de 1991, restándole trascendencia a las marcadas discrepancias personales con su sucesor y priorizando el resguardo de la legalidad institucional de la nación frente a los cambios en el mapa político.

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