Diputados bonaerenses aprobaron por unanimidad la ampliación del beneficio previsional que incorpora a excombatientes que solicitaron la baja por secuelas de la guerra.
Diputados bonaerenses aprobaron por unanimidad la ampliación del beneficio previsional que incorpora a excombatientes que solicitaron la baja por secuelas de la guerra.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley la modificación del Régimen Previsional Especial para Oficiales y Suboficiales Combatientes de Malvinas. La iniciativa sumará al sistema previsional a más de 400 veteranos de Malvinas que permanecían excluidos de los beneficios jubilatorios de la provincia.
La normativa modificó la Ley 15.386 y obtuvo 66 votos afirmativos, sin registrar abstenciones ni votos en contra. El cambio legislativo incorpora formalmente a los excombatientes que solicitaron el retiro o la baja de las fuerzas entre 1983 y 1985 debido a las secuelas físicas o psicológicas derivadas de la guerra de Malvinas.
Asimismo, la medida alcanza a aquellos soldados que no continuaron con la carrera militar ni fueron reubicados en puestos dentro de la administración pública provincial tras la finalización del conflicto del Atlántico Sur.
El haber jubilatorio establecido equivaldrá al 80% de la mayor remuneración que se perciba en la administración pública bonaerense. Dicho monto incluirá de manera integral la totalidad de los subsidios mensuales vigentes al momento de la liquidación.
No obstante, para acceder al cobro de esta prestación extraordinaria, los beneficiarios deberán acreditar un mínimo de ocho años de aportes efectivos al Instituto de Previsión Social (IPS).
Durante el proceso legislativo, el proyecto original sufrió modificaciones clave en la Cámara de Senadores antes de su sanción definitiva. El texto final incorporó cláusulas restrictivas que prohíben expresamente el acceso a este beneficio a personas condenadas por delitos de lesa humanidad.
Del mismo modo, quedarán excluidos los militares que hayan recibido sanciones por incumplimiento de sus deberes durante el desarrollo del conflicto. Estas reformas respondieron a observaciones planteadas originalmente por el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM).
La propuesta legislativa fue diseñada por los senadores provinciales María Rosa Martínez y Adrián Santarelli, integrantes de Unión por la Patria, y contaba con media sanción desde el periodo legislativo previo.
Durante la jornada parlamentaria, la presencia de veteranos de guerra en los palcos del recinto motivó un homenaje de pie por parte de los legisladores de todas las fuerzas políticas.
Por su parte, los representantes de los diferentes bloques opositores acompañaron la iniciativa en la votación general. Desde La Libertad Avanza definieron la sanción de la ley como un acto de reparación histórica que trasciende las diferencias partidarias de los bloques de la Legislatura bonaerense.
Sin embargo, desde el oficialismo cuestionaron la demora administrativa que sufrió el expediente durante su tratamiento en los organismos de control de la provincia de Buenos Aires antes de llegar al recinto de debate.
La sanción de esta ley previsional cierra un debate de años sobre la desprotección de los militares que abandonaron las fuerzas tras el regreso de las islas. El consenso alcanzado en el recinto demuestra que la causa de posguerra conserva una fuerza de cohesión política singular.
Frente a las limitaciones financieras que arrastra la caja previsional de la provincia, ¿logrará la reglamentación de esta norma ejecutarse con la celeridad que demandan los excombatientes?
Bancos y fintech informaron la renegociación voluntaria de miles de deudas para contener el aumento del impago. Con estas medidas, las entidades buscan frenar los proyectos legislativos que proponen regular tasas de interés e imponer refinanciaciones compulsivas.
La ANMAT prohibió la comercialización de un desinfectante de superficies por carecer de registros válidos y de implantes médicos fraguados y vencidos. El organismo alertó que ambos productos representan un riesgo severo para la salud de los usuarios.
Javier Milei encabeza una semana de trabajo enfocada en alinear a los legisladores oficialistas e impulsar la reforma electoral. El viernes viajará a Bahía Blanca por una inversión de US$ 360 millones, mientras sus ministros cumplen actividades federales.
El Tribunal Oral Federal N° 5 dictará veredicto en la causa Sueños Compartidos. Se juzga el presunto desvío de $206 millones destinados a viviendas. La fiscalía solicitó 6 años de prisión para De Vido, López y los hermanos Schoklender.
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