El Gobierno le quita áreas a Caputo y empodera a Diego Santilli

Mediante el Decreto 581/2026, el Poder Ejecutivo traspasó el Enacom, Arsat y el Correo Argentino a la Jefatura de Gabinete. La medida desplaza la influencia de Santiago Caputo en beneficio de Diego Santilli y el sector alineado con Karina Milei.

El Poder Ejecutivo oficializó una reestructuración interna que reconfigura el mapa de poder en la Casa Rosada. A través del Decreto 581/2026, el Gobierno nacional retiró la caja de tres organismos clave que pertenecían al esquema de influencia del asesor presidencial Santiago Caputo, traspasando sus funciones al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Organismos estatales transferidos a la Jefatura de Gabinete:

  • Enacom: Ente regulador de telecomunicaciones, clave en la fusión Telecom-Telefónica.

  • Arsat: Empresa satelital que controla 36.000 kilómetros de fibra óptica.

  • Correo Argentino: Entidad a cargo de la logística electoral y en lista de privatización.

Hasta la firma de la norma, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) y el Correo Oficial respondían directamente a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Dicha área está conducida por Darío Genua, un funcionario de extrema confianza dentro de la estructura política de Caputo.

Con la entrada en vigencia del nuevo organigrama, el Enacom pasa a depender de la Jefatura de Gabinete conducida por Santilli, mientras que Arsat y el Correo Argentino quedan bajo la órbita de Gustavo Coria, actual vicejefe de Gabinete del Interior. La modificación responde a un pedido expreso de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a Martín y Eduardo “Lule” Menem.

Tensión en la interna oficialista y el peso de las telecomunicaciones

La medida refleja un avance del sector encabezado por Karina Milei sobre las áreas operativas del Gabinete, redefiniendo los contrapesos políticos tras la salida de Manuel Adorni. De este modo, Diego Santilli consolida su peso institucional dentro del oficialismo, pasando a administrar cajas con un alto valor estratégico en materia económica, comunicacional y de infraestructura nacional.

El traspaso del Enacom resulta especialmente sensible para el sector corporativo, ya que el ente regulador tiene a su cargo la toma de decisiones sobre las autorizaciones del mercado audiovisual. Entre los expedientes más relevantes figura la eventual fusión entre Telecom y Telefónica, ambas pertenecientes al Grupo Clarín. El presidente Javier Milei se opuso públicamente a dicha operación al calificarla como un abuso de posición dominante.

En relación con este proceso de concentración empresarial, la Autoridad Nacional de la Competencia condicionó semanas atrás la operación mediante una serie de exigencias regulatorias. Entre las condiciones impuestas, la empresa deberá ceder 6 millones de clientes de telefonía móvil a un competidor, liberar espectro de banda ancha y garantizar el acceso a su infraestructura a un nuevo operador durante dos años.

Culpas judiciales y la agenda de privatizaciones

Por su parte, la empresa estatal Arsat representa un activo estratégico de enorme volumen al administrar un tendido de 36.000 kilómetros de fibra óptica en todo el territorio nacional. La compañía tecnológica se encuentra bajo la lupa de la Justicia en el marco de una causa penal que investiga presuntos hechos de corrupción y sobornos, expediente por el cual permanece detenido su expresidente Facundo Leal.

Finalmente, la transferencia del Correo Argentino cobra vital relevancia política de cara a los próximos compromisos institucionales, al tratarse de la entidad responsable de la logística de los actos electorales. Asimismo, la firma pública integra el listado prioritario de empresas estatales que el Poder Ejecutivo pretende privatizar en el marco de su plan de reformas estructurales.

Esta reconfiguración administrativa marca un cambio decisivo en la gestión cotidiana del Estado, reduciendo de forma drástica el control del entorno de Santiago Caputo sobre organismos autárquicos. Con estas incorporaciones, la Jefatura de Gabinete asume un rol protagónico en la conducción de las firmas públicas y en la definición de la política regulatoria nacional.

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