Condenan por prevaricación al hermano del presidente español y a un exdirigente socialista

La justicia española condenó a David Sánchez, hermano del presidente de España, a nueve años de inhabilitación por prevaricación en su contratación en Badajoz. La sentencia determinó que el puesto fue un “traje a medida”, descartando el tráfico de influencias.

David Sánchez, hermano del presidente de España. Foto: Web

La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado sentencia penal contra David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, imponiéndole una pena de nueve años de privación para ejercer cargos públicos. La resolución judicial determina la existencia de un ilícito de prevaricación administrativa vinculado a los procesos de selección de personal directivo en la corporación provincial de Badajoz que se remontan al año 2017. Esta misma sanción alcanza a otros nueve investigados en el expediente, mientras que el antiguo responsable de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, recibió la condena más severa con dieciocho años de inhabilitación especial. El fallo, no obstante, exculpó unánimemente a los procesados del delito de tráfico de influencias al no hallar evidencias de coacciones o presiones indebidas en los nombramientos.

La fundamentación de los magistrados apunta a la simulación de convocatorias públicas para revestir de legitimidad decisiones que ya habían sido tomadas con anterioridad. Según consta en las conclusiones del tribunal, las plazas asignadas tanto al hermano del mandatario como a su allegado Luis Carrero no respondían a requerimientos objetivos de la administración, sino que se diseñaron específicamente para amoldarse a los perfiles de los adjudicatarios y satisfacer sus preferencias profesionales en el ámbito de las artes escénicas. Los jueces subrayaron el perjuicio democrático que suponen estas prácticas nepotistas al vulnerar los principios rectores de mérito, capacidad e igualdad en el acceso al empleo estatal.

La principal base probatoria del tribunal se estructuró a partir de los análisis de comunicaciones electrónicas y correos digitales aportados por los peritos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Esta documentación expuso la celeridad inusual con la que se tramitaron los expedientes y la existencia de un plan coordinado para consolidar los puestos. Para el tribunal, los testimonios ofrecidos por diversos funcionarios locales carecieron de la espontaneidad y veracidad requeridas para desestimar las pruebas documentales, argumentando que la rígida estructura de mando de la entidad provincial condicionaba la independencia de sus declaraciones.

En el plano político, el dictamen judicial impacta de lleno en un período de extrema sensibilidad para la coalición de gobierno en Madrid, la cual afronta diversas investigaciones paralelas que afectan a figuras de la primera línea partidaria y al propio entorno familiar de la presidencia. Desde la bancada oficialista se ha criticado con dureza la resolución, catalogando el proceso como una estrategia extraelectoral orientada a erosionar la estabilidad del Gobierno central. Por su parte, la defensa de los condenados y las agrupaciones de la oposición que actuaron como querellantes anticiparon que recurrirán la sentencia ante instancias superiores para modificar el alcance de las penas.

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