La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, sugirió la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel tras postergarse la ley de propiedad privada. El conflicto estalló por chats filtrados con duros cruces sobre la venta de tierras a extranjeros.
La interna dentro de la coalición de gobierno ha alcanzado un punto de ebullición pública en el Senado de la Nación. Tras la suspensión de la sesión ordinaria que pretendía sancionar la normativa sobre inviolabilidad patrimonial, la jefa de la bancada oficialista utilizó sus plataformas de comunicación digital para lanzar una severa advertencia hacia la titular del cuerpo legislativo, Victoria Villarruel, sugiriendo que quienes no coincidan con el programa de reformas estructurales deberían abandonar sus cargos. La declaración de la legisladora expone un distanciamiento que venía gestándose en los despachos parlamentarios y que colisionó debido a discrepancias insalvables sobre la enajenación de recursos territoriales.
El desencadenante de la disputa fue la filtración de un áspero diálogo a través de mensajería instantánea entre ambas dirigentes previo al ingreso al recinto. En dicho intercambio, la presidenta del Senado manifestó su rechazo absoluto a avanzar con el orden del día, argumentando un descontento generalizado con los apartados del proyecto que flexibilizan la adquisición de extensiones de tierra por parte de corporaciones transnacionales. La discusión escaló rápidamente hacia reproches mutuos sobre la representatividad electoral y la defensa de la soberanía geográfica del país.
El conflicto político se trasladó de manera inmediata a la dinámica parlamentaria, donde el bloque oficialista logró inicialmente congregar el número de senadores necesario para dar inicio a la jornada, pero se topó con una infranqueable resistencia por parte de las bancadas opositoras moderadas. La negativa de estos sectores a convalidar la liberalización del mercado de tierras obligó a la propia conducción de La Libertad Avanza a solicitar un receso prolongado, postergando la discusión de la norma para las primeras semanas del próximo mes ante la evidente falta de respaldos numéricos.
Al término de la fallida actividad parlamentaria, la vicepresidenta de la República buscó distanciarse de las acusaciones sobre la difusión de las discusiones privadas, rechazando el uso de filtraciones a la prensa y catalogando esas prácticas como herramientas propias de la vieja política. La parálisis de esta iniciativa clave representa un duro revés para la agenda económica de la Casa Rosada y consolida un escenario de división en la cúpula del poder ejecutivo.
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