Un informe contable de la Justicia detectó desfasajes entre los ingresos y los gastos de Manuel Adorni y su esposa. El fiscal Gerardo Pollicita analiza las pruebas sobre bienes, dólares y criptomonedas para exigir una justificación patrimonial formal en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita recibió un informe clave elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI). El documento especializado analiza la situación del ex jefe de gabinete Manuel Adorni y concluyó que existen serias discrepancias entre sus ingresos declarados y los consumos reales efectuados. Esta pericia técnica resulta un paso estratégico fundamental dentro de la causa penal que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.
Puntos clave del informe técnico de la DAFI:
7 ejes de análisis sobre bienes, deudas, criptomonedas y consumos.
Rastreo exhaustivo de movimientos en billeteras virtuales y divisas.
Revisión minuciosa de compras suntuosas y viajes millonarios.
USD 500.000: el monto que el exfuncionario justifica haber ganado en Bitcoin.
El análisis financiero abarca el período comprendido entre diciembre de 2023 y la actualidad, evaluando en detalle la evolución patrimonial del exfuncionario y su esposa, Bettina Angeletti. Aunque el reporte especializado no fija un monto global definitivo, sí cuantifica y detalla año por año cada una de las irregularidades halladas por los peritos contables intervinientes en el expediente.
Para elaborar el dictamen técnico, la representación fiscal encomendó al organismo especializado estructurar el relevamiento en siete ejes estratégicos de investigación. Entre los puntos más destacados figura el contraste directo entre las declaraciones juradas presentadas y el nivel de vida real de la pareja. Asimismo, se realizó un seguimiento sobre las transacciones concretadas en plataformas virtuales para rastrear el origen y destino final de los fondos operados.
El documento judicial analiza la composición inicial y final de activos, disponibilidades bancarias, deudas y cancelaciones de obligaciones. También revisa minuciosamente los gastos corrientes y extraordinarios, tales como la compra o remodelación de propiedades y costosos viajes que no se ajustan a la capacidad económica que declaraban poseer. Además, el cruce de datos incluyó facturas, remitos bancarios y mensajes aportados por testigos.
Otro aspecto central del trabajo de los peritos contables fue la revisión de las rectificaciones en las declaraciones juradas. Los investigadores buscan esclarecer las causas detrás de la incorporación extemporánea de bienes y variaciones de activos, para determinar si existió una maniobra destinada a ocultar o justificar incrementos patrimoniales no declarados oportunamente ante los organismos de control estatal.
En esa misma línea, las autoridades profundizaron en las operaciones vinculadas con criptomonedas y moneda extranjera. El informe detalla depósitos, retiraciones, permutas y saldos finales, comparándolos rigurosamente con los antecedentes bancarios y fiscales de los imputados. Esta verificación resulta crucial para determinar si hubo movimientos financieros por fuera del circuito legal durante el ejercicio de la función pública.
Tras la entrega formal del informe técnico, el fiscal Pollicita se abocará a estudiar exhaustivamente las denominadas zonas grises detectadas en la pericia. Con este diagnóstico detallado en su poder, el representante del Ministerio Público quedará en condiciones de intimar formalmente al exfuncionario mediante el mecanismo procesal conocido como el requerimiento de justificación patrimonial.
Esta instancia previa otorga al imputado la oportunidad formal de brindar explicaciones sólidas sobre el origen legítimo de sus bienes antes de resolver una eventual citación a indagatoria. Por su parte, la postura inicial asumida por Adorni se basó en alegar ahorros no declarados previamente, argumentando que obtuvo abultadas ganancias derivadas de antiguas inversiones en el mercado financiero digital.
En su descargo defensivo, el ex jefe de gabinete aseguró haber invertido 200 mil dólares en Bitcoin entre 2013 y 2014, lo que le habría generado una rentabilidad cercana a los 500 mil dólares. Sin embargo, los peritos judiciales deberán corroborar la trazabilidad real de esas transacciones, confrontando los dichos de la defensa con los registros de las plataformas operativas aportadas al expediente.
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